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Muere ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, era procesado por genocidio
GUATEMALA.- El sanguinario ex dictador José Efraín Ríos Montt, fallecido este domingo a los 91 años de edad, se enterrado el lunes en un cementerio privado de la capital, informó una persona allegada a la familia.
«Será enterrado la tarde del lunes, a las 15.30 hora local (21.30 GMT) en el cementerio La Villa», ubicado en la zona 14 de la capital, agregó la fuente, que pidió no ser identificada.
El general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, era juzgado por el asesinato de 1171 indígenas ixiles durante su gobierno (1982-1983), murió el domingo en Ciudad de Guatemala, a los 91 años, dio a conocer un abogado de la familia.
“Falleció en su hogar, con el amor de su familia, con su consciencia sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias que sabemos”, declaró el abogado Luis Rosales, a los órganos judiciales.
Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, el ex mandatario falleció a primeras horas de la mañana por un paro cardiaco.
Su salud se había empeorado en los últimos meses. Incluso, en julio de 2015, fue declarado “mentalmente incapaz” para enfrentar un nuevo juicio en su contra.
“Murió en paz, tranquilo y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa”, añadió Rosales.
El 10 de mayo de 2013, tras múltiples audiencias, testimonios de las víctimas y acusaciones, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado.
De esta forma, el ex presidente de facto se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.
Sin embargo, 10 días después la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la sentencia por fallos en el proceso y ordenó un nuevo juicio.
En 2017 se reanudó un juicio especial en contra de Ríos Montt, pero también resultó frenado por acciones legales de la defensa, que pretendía el cese de la persecución penal apelando a un decreto de amnistía de 1986. Se esperaba una sentencia condenatoria o absolutoria para mediados de 2018.
