LFP reitera auditoría en JCE se haga a través de EU, OEA y UE
La Fuerza del Pueblo reiteró este viernes su propuesta de que la auditoría a los equipos del voto automatizado, usados en las primarias del 6 de octubre, se realice a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos.
La LFP reiteró su propuesta luego que la Junta Central Electoral pidiera a los partidos que propongan la firma que realizaría estos experticios.
Bautista Rojas Gómez, uno de los voceros de la entidad, dijo que desde el principio propusieron al organismo electoral realizar la auditoría, pero la JCE no hizo caso.
El jueves, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, anunció que la firma Deloitte, contratada para realizar la auditoría ya no la realizaría, debido a los cuestionamientos de distintos sectores.
Rojas Gómez dijo que han mantenido que para obtener unos resultados confiables, era necesario que a los equipos del voto automatizado se le hiciera una auditoría forense y que esta labor debía encargársele a Estados Unidos, la OEA y la UE.
“Nosotros le propusimos en su momento a la Junta Central Electoral, que a través de la OEA, de la Unión Europea y de la embajada de Estados Unidos se hiciera una auditoría forense del proceso, ellos no le han puesto caso a nada de eso, y ayer (el jueves), el delegado del PTD y de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque expuso en el mismo tenor”, subrayó.
Agregó que “nosotros a lo que aspiramos es que como ellos primero toman un camino y luego se devuelven para tomar otro, llegue el momento en que ellos digan, bueno vamos hacer esta auditoría forense, cosa que no tiene ningún sentido, porque ellos proclamaron ganadores, por lo menos para que le den esa satisfacción, no a Leonel Fernández, sino al pueblo”,
Rojas Gómez sostuvo que lo más indicado es que para que la investigación sea creíble, sea a través de la embajada de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea.
La Fuerza del Pueblo y otras cinco organizaciones objetaban a Deloitte, alegando que la firma tiene contratos de servicios con instituciones estatales.
