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Ven suspensión de jueces, sin investigar, debilita seguridad jurídica de RD


SANTO DOMINGO, R.D.- La suspensión de jueces, sin investigar, es completamente negativo, pues debilita al Poder Judicial y, por ende, afecta la seguridad jurídica en República Dominicana.

La suspensión de jueces por simples rumores o para complacer los caprichos de un compañero del partido de gobierno, como ha ocurrido, está provocando un gran malestar entre los hombres y mujeres encargados de castigar los delitos.

Los jueces dominicanos están perdiendo su independencia jurídica, el derecho de aplicar las normas establecidas en las diferentes leyes, a criterio propio, sin ser coaccionado por ningún superior.
Los jueces están para garantizar los derechos de la sociedad, y si por temor dejan de aplicar correctamente la ley, esa situación traerá graves consecuencias para la nación.
Abogados y magistrados han criticado al Poder Judicial por disponer, sin investigar, la suspensión de los jueces de la Ejecución de la Pena, de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, por el caso de la “desaparición” del delincuente Pedro Alejandro Paniagua (Quirinito), condenado por homicidio.
El único delito del magistrado Willy Núñez Mejía fue ordenar, a petición del ministerio público, el traslado de “Quirinito” de la cárcel de San Cristóbal a San Francisco de Macorís.
Hay que destacar que el traslado de un recluso de una prisión a otra es algo común, que muchas veces, se hace hasta de oficio.
La magistrada Aleyda Acosta fue suspendida, precisamente, por atender una petición del jefe del ministerio público, en San Francisco de Macorís, que mediante instancia motivada y con las pruebas documentales necesarias, solicitaba que “Quirinito”, al que ella no conocía, fuera enviado a prisión domiciliaria porque tenía un cáncer terminal y estaba al borde de la muerte.
Esos jueces de la Ejecución de la Pena no son médicos, únicamente revisan los presupuestos presentados por el ministerio públicos, donde le hace algún tipo de pedimento, y dictan sentencia.
Ese es su papel.
Si la magistrada Mora observó que en el expediente que suministró, mediante instancia, el jefe del ministerio público de la región nordeste, habían cuatro certificados médicos, expedidos por especialistas y homologados por un médico legista, que pertenece al ministerio público, y en todos se establecía que “Quirinito” estaba al borde de la muerte, afectado por un cáncer terminal, su decisión fue correcta e incuestionable.
Hace más de cinco meses, un juez del Distrito Nacional, con más de 15 años en el Poder Judicial y considerado como uno de los jueces más honesto del sistema judicial dominicano, fue suspendido porque emitió una resolución que favorecía a un imputado, cuyo abogado, contrario, era Abel Rodríguez del Orbe, ex procurador general de la República, compañero de partido y amigo personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán.
Ese juez aún está suspendido, pese a que la ley establece que ningún magistrado puede ser suspendido por más d3 30 días.
Recordamos que la resolución cambiaba la prisión preventiva por otras cuatro medidas de coerción y que el imputado tenía casi dos años preso, con unos 17 reenvíos, la mayoría de ellos, a petición de la parte acusatoria. Presentó, además, dos certificados médicos, uno de ellos del Colegio Médico Dominicano, donde confirmaba que el mismo sufría del mal de parkinson.
Por esa resolución dicho magistrado fue suspendido y aún sigue suspendido.
¡Vaya sistema judicial dominicano!
Por esas y otras acciones es que dicen que el sistema judicial dominicano está “podrido”, lo que es sumamente preocupante, porque República Dominicana depende, en gran medida de la inversión extranjera, y si el sistema judicial es cuestionable, ningún empresario haría inversiones importantes en nuestro territorio.
La República Dominicana sigue siendo uno de los países del área más estable, a pesar del tambaleante sistema judicial y de la inseguridad ciudadana.
Es por eso, que sugerimos al Poder Judicial revisar todos y cada uno de los casos de jueces suspendidos, sin ser sometidos a un proceso de investigación profundo y ético.
Los jueces tienen temor de aplicar la ley, con criterio propio y esto, reiteramos, es preocupante. 

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