Denuncian poderosos buscan adueñarse de terrenos turísticos en PP como ocurrió en Bahía de las Águilas
PUERTO PLATA, R.D.
Las denuncias sobre la participación de un diputado de Santiago, Gregorio Domínguez, en supuestas acciones fraudulentas para apoderarse de miles de tareas de tierra en la comunidad de Punta Rucia, en Puerto Plata, siguen en el limbo, a pesar de que el presidente Luis Abinader ha proclamado, en diferentes ocasiones, que en su gobierno no habrá vaca sagrada.
Domínguez, diputado y dirigente del oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRM), ha sido denunciado por supuestamente realizar una serie de desalojos ilegales, con la protección de miembros de la Policía Nacional, del CESTUR (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística) y un grupo de hombres armados.
Los denunciantes, incluidos ciudadanos extranjeros, se ha quejado de que en las comunidades de Punta Rucia y la playa la Ensenada, Puerto Plata, está operando una mafia, cuyas acciones son peores que las ocurridas en Bahía de las Águilas, en donde un grupo de “empresarios”, mediante fraudes que fueron comprobados en la Jurisdicción Inmobiliaria, se atribuyeron la propiedad de miles de tareas de tierras, que pertenecían al Estado.
Esos terrenos, turísticos, posteriormente fueron recuperados. Lo mismo está sucediendo en Punta Rucia y la playa La Ensenada, según los denunciantes, donde un grupo de individuos, incluyendo alegados empresarios y el diputado Gregorio Domínguez, valiéndose de supuestos deslindes administrativos, están sacando a los ocupantes de esos terrenos y adjudicándose su propiedad.
Según las denuncias, unos 56 deslindes fraudulentos fueron realizados en Punta Rucia y playa La Ensenada.
Por esos hechos, se dijo, está siendo procesado el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, acusado de incurrir en “faltas muy graves” y de actuar “a espaldas” de los verdaderos dueños de las casas construidas en esa zona.
De acuerdo con los denunciantes, el profesional de la agrimensura, se dijo, hizo los deslindes sin haber visitado los terrenos y se las atribuyó a diferentes personas “como si se tratara un botín personal”
Se dijo, que tras haber obtenido los deslindes de modo fraudulento, la “mafia” hizo una serie de despojos de manera ilegal, tratando de apoderarse, por la fuerza, de más de 5 kilómetros de playas.
“Si las autoridades investigan, de manera responsable, tal y como ocurrió en el caso de Bahía de las Águilas, la historia se repetiría”, subrayan.
Procuraduría vs CODIA
Luego de numerosas denuncias, siempre de acuerdo con las declaraciones de los denunciantes, la Procuraduría General de la República, y ante un requerimiento realizado por la Presidencia, para que se investiguen denuncias, solicitó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, la designación de una junta investigadora.
Según los informantes, esa junta investigadora, compuesta por tres agrimensores, rindió un informe, remitido ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde dieron a conocer que las denuncias sobre irregularidades en los deslindes eran ciertas.
El CODIA, en su informe, detalla el modus operandis y la forma como se obtuvieron las cartas constancias para amparar esos terrenos y poder realizar los deslindes fraudulentos, además de recomendar que se amplíen las investigaciones y se establezcan responsabilidades.
La comisión del CODIA estableció, además, que ninguno de los “deslindes”, objetos de esa investigación, ni otros que realizados bajo el mismo esquema, fueron aprobados por el Tribunal de Jurisdicción Original de Puerto Plata.
En ese sentido, los quejosos, que dicen son asediados por el diputado Domínguez, del PRM, y un grupo de hombres armados, reclamaron de la Procuraduría General de la República, actuar con independencia, en el ejercicio de sus funciones, e investigar todas las atrocidades que dijeron, han ocurrido y siguen ocurriendo en Punta Rucia y playa La Ensenada, de Puerto Plata.
Hicieron extensivo su llamado al presidente Luis Abinader, solicitándole instruir al Ministerio Público a que investigue los atropellos y desalojos arbitrarios que, dicen, ha cometido el diputado oficialista Gregorio Domínguez, en esa zona.
