¿Comisión, para qué?
Por Augusto Álvarez
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos reclama que una comisión independiente, investigue el caso del coronel de la Policía Nacional, maltratado en un alegado plan del Gobierno para involucrar a un candidato en el “sabotaje” de las frustradas elecciones municipales del 16 de febrero.
Indica la entidad que la sociedad no de permitir que los responsables de la acusación contra el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, de la Policía Nacional, queden sin castigo.
El Comité de los Derechos Humanos sostiene que se debe investigar la actuación de los fiscales actuantes en la falsa acusación al coronel Guzmán Peralta.
En el allanamiento a la casa de la hija del coronel policial Guzmán Peralta, en hora de la madrugada del 17 de febrero, el oficial al mando (posiblemente, un general), así como los fiscales, no actuaron por voluntad propia, sostiene la entidad.
¿Cómo podrían proceder esos fiscales y los agentes policiales actuantes, en la elaboración de una falsa acusación en contra de un oficial superior, sin órdenes de arriba?, agrega en una declaración escrita el Comité de los Derechos Humanos.
[Sueñan despiertos quienes creen que hará justicia en los crímenes cometidos contra el Coronel Guzmán Peralta y el técnico telefónico Manuel Regalado. Los principales protagonistas de montar el “show” contra ambos, son personas protegidas por el Ejecutivo. Un procurador impopular, que ha sucumbido ante la corrupción. Un jefe de Policía, que pese a los escándalos, se mantiene en el cargo, por encima de lo que dice la ley. La ley que motivó y promulgó el presidente Danilo Medina, quien lo designó y lo mantiene en el cargo, en violación a su propia legislación.]
Tanto el coronel Guzmán Peralta, hasta ese momento encargado de la avanzada de la seguridad del aspirante presidencial Luis Abinader, como el técnico de Claro, que también fue apresado e involucrado en el alegado sabotaje, denunciaron hostigamientos y maltratos.
Aún se está a la espera de una respuesta del procurador Jean Alain Rodríguez, donde explique la agresiva posición de los fiscales.
Sostiene el organismo defensor de los derechos humanos que ante un hecho tan grave, se impone la destitución del director de la Policía Nacional y del procurador Jean Alain Rodríguez.
Los fiscales que están involucrados en el caso son Jean Alcántara, Milcíades Guzmán, Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López.
Empero, todo se aclaró con las indagatorias hechas por la OEA a los equipos de la JCE, donde descartó el sabotaje y culpó al organismo electoral de las irregularidades que provocaron la suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía, que trataron de armar el “trompo”, alegando que tenían pruebas contra el coronel y el técnico, no se han referido a los resultados de la auditoría de la OEA.
