Abinader debe someter proyecto de ley para castigar a funcionarios mentirosos

Buenos días…

Señores, hemos sido testigos de una de las mayores vergüenzas del siglo: la Autopista Duarte, la principal vía del país, fue paralizada por una carrera ilegal de motocicletas. Según una persona que conversó con ¡Cógelo, Picante!, los organizadores de esta insólita competencia, se apostaron miles de pesos. Lo más alarmante es que no aparecieron ni agentes de la Policía Nacional ni de la DIGESETT. ¡Qué vergüenza!

Este hecho no solo es una vergüenza nacional, sino que confirma lo que hemos venido denunciando: vivimos en un país donde la seguridad se desvanece y donde este gobierno, poco a poco, nos está empujando hacia un estado de inseguridad creciente. Además, de que ese espectáculo se ha convertido  «marca país», igualito que la discoteca Jet Set.

Al país le encantaría, y nosotros estamos cien por ciento de acuerdo, que el gobierno de Luis Abinader y el PRM sometieran un proyecto de ley que castigue las mentiras de los funcionarios públicos, con penas de hasta 20 años para aquellos que mientan descaradamente. Que tienen una lengua más larga que Pinocho.

Por cierto, el llamado proyecto de ley sobre la «libertad» de expresión es más bien una antesala para una dictadura. Lo que busca es blindar a los funcionarios irresponsables, aquellos con un rostro visible y diez ocultos.

En estos momentos, uno de esos funcionarios de este gobierno, completamente intocable, es el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien ha sido señalado por incurrir en múltiples fechorías. Sin embargo, el presidente Abinader lo mantiene en el cargo.

Bajo su gestión, se han producido ejecuciones extrajudiciales, algunas incluso en presencia de menores de edad. Y el presidente no solo guarda silencio, sino que se convierte en cómplice de estos actos criminales. Lo mismo ocurre con la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Salud Pública, quienes también guardan silencio ante las mentiras del jefe de la Policía.

Otro cómplice es el ministro de Medio Ambiente, quien ha sido informado de que este señor ha provocado daños ambientales en el nacimiento del río Boyá, en el distrito municipal Gonzalo, provincia Monte Plata. Y hasta ahora, ese ministerio no ha emitido una sola palabra al respecto.

La directora de Ética y Transparencia Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, también parece formar parte de este círculo de complicidad. Ella tiene conocimiento de los cientos de millones de pesos invertidos por Guzmán Peralta en varias propiedades suyas, pero no ha hecho nada para investigar si estas inversiones son legítimas o no. ¿Así es como avanzamos como país?

Por esas y otras razones es que el dirigente comunitario y político, Melvis Rivas, escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Dios mío, ¿qué está pasando en nuestro país y nadie le da respuesta a este pobre pueblo? ¿Cuántas personas mueren a manos de desaprensivos o en supuestos intercambios de disparos con la policía? Pero también, ¿cuántos militares y policías mueren a manos de criminales? ¿Cuántos niños, niñas, hombres y mujeres desaparecen diariamente en nuestro país?”

El presidente Abinader, la procuradora Yeni Berenice Reynoso, y el deteriorado director de la Policía, si realmente se preocupan por la situación del país, deberían responder las inquietudes de Melvis Rivas. Con hechos, no con palabras.

La preocupación expresada por Rivas refleja lo que hemos estado denunciando constantemente en ¡Cógelo, Picante!: ¡en nuestro país, no hay seguridad!

¡Atención, país! Leonardo Faña, dirigente del PRM, declaró que el presidente Luis Abinader no puede seguir diciendo que en el país se produce el 90 por ciento de los alimentos que consumimos. Está mal informado, o peor aún, lo están mal informando. Puso como ejemplo que el 60 % de las habichuelas que consumimos son importadas, el 95 % de los quesos que consume el pueblo dominicano también lo son, y el 60 % de la leche es importada. Sin embargo, Faña defiende que el presidente Abinader no está mintiendo, solo que está siendo mal informado. ¡Ay, ñeñe!

A los comunitarios de Santo Domingo Este, especialmente los que viven cerca del barrio de la Policía Nacional, les preocupa el microtráfico en la zona. Denuncian que existen al menos 20 puntos de venta y distribución de drogas, protegidos por miembros de la Policía Nacional. Mencionan a un capitán de la Policía Preventiva, quien es el supervisor zonal de esa institución, entre los quienes protegen el microtráfico en la zona. Qué se investigue.

Finalmente, les dejamos con este video, que muestra cómo los agentes de la DIGESETT tratan las motocicletas retenidas a ciudadanos por supuestas violaciones a la Ley 63-17. Es un hecho bochornoso, un claro reflejo de lo que ocurre en un país con autoridades indolentes. Presidente, ponga al mayor general retirado Frener Bello Arias en el INTRANT y aportamos a que se acaban los desordenes y las diabluras en materia de tránsito.