Abusos y maltratos aumenta desconfianza de población hacia la Policía

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SANTO DOMINGO, R.D.

Los abusos policiales continúan siendo una triste realidad en la República Dominicana, constituyendo un doloroso capítulo en la historia reciente del país.

Las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad policial se han denunciado en múltiples ocasiones, especialmente a través de los medios y las redes sociales, lo que ha puesto en evidencia la magnitud del problema en diversas partes del territorio.

A pesar de las constantes denuncias, el presidente Luis Abinader no ha tomado medidas decisivas para poner fin a estos actos, que algunos comparan y dicen son peores que los excesos cometidos durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978).

Las personas, particularmente aquellas que provienen de sectores empobrecidos, sienten que la Policía Nacional ha dejado de ser un cuerpo protector para convertirse en una institución violenta que ataca a los más vulnerables.

Las protestas por la brutalidad policial no son nuevas, pero en los últimos 18 meses ha  ido en aumento, y cada vez que se exponen casos de violencia policial en los medios de comunicación, las comunidades afectadas exigen justicia.

Sin embargo, la falta de respuestas claras por parte del gobierno ha incrementado la desconfianza en las autoridades, y la relación entre la ciudadanía y la Policía se sigue deteriorando.

Además, esta represión y abusos policiales han impactado negativamente en la imagen del presidente Abinader, que ha visto mermar considerablemente, su popularidad.

Las ejecuciones

Durante la gestión de Ramón A. Guzmán Peralta, en los últimos 18 meses, decenas de personas han sido ejecutadas por agentes policiales en lo que oficialmente se presenta como “enfrentamientos” a tiros.

Sin embargo, varios de estos casos han sido ampliamente cuestionados, ya que han surgido evidencias en video que demuestran lo contrario a las versiones oficiales.

En muchos casos, estos hechos han sido calificados como asesinatos encubiertos bajo la excusa de legítima defensa.

El temor a las represalias ha impedido que muchos familiares, de víctimas policiales, denuncien las ejecuciones extrajudiciales, lo que contribuye a un círculo vicioso de impunidad.

Esto ha generado un creciente malestar entre la población, que cada vez más, desconfía de la institución encargada de velar por su seguridad.

Además, estas prácticas no han logrado frenar la delincuencia, como los asaltos y robos en las calles, y la inseguridad sigue siendo un problema creciente.

El narcotráfico en RD

En los últimos años, la República Dominicana se ha consolidado como un punto estratégico en las rutas de narcotráfico, principalmente, debido a su ubicación en el Caribe.

El país ha experimentado un aumento significativo en el tráfico de drogas, especialmente hacia los Estados Unidos y Europa, debido a su cercanía con Puerto Rico y su acceso a rutas marítimas que facilitan el envío de grandes cargamentos de cocaína y otras sustancias ilícitas.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir este fenómeno, el narcotráfico sigue siendo un desafío complicado, y muchos de los «peces gordos» logran evadir la persecución de las autoridades dominicanas.

Uno de los aspectos más destacados de este problema es la creciente cantidad de drogas incautadas en las operaciones de seguridad.

En los últimos años, las autoridades dominicanas, en colaboración con la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.) y de otras agencias internacionales, han logrado interceptar grandes cargamentos de drogas.

Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado frenar por completo el flujo de narcóticos, y los grandes carteles siguen operando en el país.

Impacto en los barrios

El narcotráfico ha tenido un impacto devastador en las comunidades más empobrecidas de la República Dominicana, donde la circulación de drogas se ha incrementado considerablemente.

Las organizaciones criminales, no solo operan en las rutas de exportación, sino que también distribuyen drogas en los barrios, lo que alimenta el consumo interno y genera una creciente violencia.

Las bandas locales se disputan el control de los puntos de venta de drogas, lo que ha derivado en una escalada de homicidios y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

La inseguridad  en la República Dominicana sigue siendo un reto importante que afecta la estabilidad de muchas comunidades.

Políticos en el narcotráfico

Varios miembros del partido oficialista, el Revolucionario Moderno (PRM), se han visto involucrados en casos de narcotráfico, lo que ha alimentado aún más la desconfianza en las instituciones del país.

Un ejemplo de ello es el caso de Miguel Gutiérrez Díaz, quien siendo diputado fue arrestado por la DEA al llegar a Miami, Florida, donde condenado por narcotráfico.

También están involucrados el regidor Edickson Herrera Silvestre (Yeyea) y la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, quien fue procesada por narcotráfico y lavado de activos junto a su esposo y dos hijos.

El escándalo se extiende a otros miembros del PRM, como Yamil Abreu Navarro, quien fuera director de campaña en la región sur-central de ese partido, y fue detenido por las autoridades de EE. UU., como parte de una red de narcotráfico vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.

También se encuentra en prisión el ex aspirante a regidor por el PRM, Melvin Martínez, involucrado en actividades de narcotráfico en Venezuela, México y República Dominicana, y por lavado de activos.

Otro caso de gran repercusión fue el del ex aspirante a senador Boanerges Sánchez Nolasco, vinculado a la red de narcotráfico de César Emilio Peralta, alias «El Abusador», quien tiene nexos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Estos casos han empañado la imagen del PRM y puesto en evidencia las conexiones entre el narcotráfico y ciertos sectores políticos, lo que alimenta aún más la desconfianza y la percepción de impunidad en el país.