Ángel Martínez: dominicano de pura cepa y con plenos derechos fundamentales

Ángel Martínez no es un extranjero ni un intruso. Es un dominicano de pura cepa, nacido en Santiago de los Caballeros, con una trayectoria reconocida como investigador y comunicador.

Como todo ciudadano dominicano, tiene el derecho inalienable de pisar su tierra sin ser objeto de persecución, vigilancia o acoso.

Su regreso al país no debería ser motivo de controversia, sino de reconocimiento a un ciudadano que ha ejercido su derecho a expresarse libremente desde el extranjero.

La Constitución de la República Dominicana es clara: todos los dominicanos tienen derecho al libre tránsito por el territorio nacional, sin necesidad de pedir permiso a nadie.

Nadie puede ser detenido, restringido o acosado sin una orden judicial válida, y mucho menos por ejercer su libertad de expresión, otro derecho fundamental garantizado por nuestra Carta Magna.

En este sentido, el trato dado a Martínez, desde su llegada al país, siendo detenido en Puerto Plata de manera atropellarte e injustificada, resulta no solo preocupante, sino inaceptable en un Estado que se dice democrático.

Ángel Martínez no ha cometido delito alguno en territorio dominicano. No ha sido condenado, ni se le ha comprobado violación alguna a las leyes nacionales.

Por el contrario, su “pecado” ha sido denunciar, de manera pública y frontal, a figuras del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción administrativa.

¿Desde cuándo decir la verdad se convirtió en delito en la República Dominicana? ¿A quién molesta tanto la transparencia y la denuncia?

Es urgente que las autoridades dominicanas reflexionen sobre el precedente que se está creando al intentar silenciar voces críticas como la de Ángel Martínez.

Si permitimos que la represión se imponga al disenso, estaríamos erosionando las bases mismas de la democracia.

La vigilancia, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias no pueden volver a ser herramientas de control político o judicial.

Por todo lo anterior, damos la bienvenida a Ángel Martínez a su patria, como lo merece cualquier hijo de esta nación.

Su derecho a caminar libremente por las calles dominicanas es tan legítimo como el de cualquier ciudadano.

Defender y proteger a Martínez no es solo un acto de solidaridad con un comunicador; es defender los principios constitucionales que garantizan nuestras libertades, porque cuando se ataca a uno por hablar, se amenaza el derecho de todos a hacerlo.