Gobierno frena con gasoil el llamado a huelga de choferes

¡Buenos días!

La huelga anunciada por los choferes del transporte público de pasajeros ya es historia. No va. El gobierno comenzó ayer miércoles la distribución de gasoil, y, de inmediato, el paro fue suspendido.

Al parecer, de acuerdo con un dirigente sindical, esa era la principal demanda, o al menos así lo parece. O que alguien lo desmienta. En pocas palabras, el llamado a huelga fue una maniobra de presión al gobierno. En buen dominicano, fue un ¿chantaje? 

Por otro lado, los familiares de las víctimas de la tragedia en la discoteca Jet Set continúan presentando querellas contra los dueños del establecimiento. Según la cifra oficial, fueron 235 las muertes en ese fatídico suceso, que pudo haberse evitado si el principal accionista, Antonio Espaillat, hubiese atendido las recomendaciones sobre dar mantenimiento al local. Hoy, este individuo sigue su camino como si nada hubiera pasado, protegido… se dice, cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader. Incluso, el abogado del presidente es su defensor. En cualquier país con un Ministerio Público responsable, ese hombre estaría tras las rejas.

La hija de «La Tora», que comienza a ser conocida como «La Torita», lanzó un bombazo a la «faraona» Faride Raful, ¡y de seguro la dejó sin aliento! El mensaje está circulando rápidamente de red en red y mantiene encendidos los grupos de chat. Y por si fuera poco, también alcanzó a la popular Milagros Germán. ¡Ay, Dios!

El diputado Sergio Moya presentó una querella contra el comunicador Alfredo de la Cruz, acusándolo de difamación e injuria. Ojalá “Gory” Moya haga lo mismo contra el periodista Ángel Martínez, pero en tribunales de Estados Unidos, desde donde transmite su programa. Ángel ha lanzado fuertes acusaciones contra este legislador oficialista, incluso señalándolo como narcotraficante. Nos imaginamos que “Gory” Moya tomará un avión e irá a enfrentar al detective y comunicador. Aunque, como se dice, «el puerco no se rasca en javilla».

El tema haitiano sigue siendo una bomba de tiempo. No se resuelve con reuniones o mediante los medios de comunicación, especialmente las «bocinas» al servicio del gobierno de Luis Abinader. El tráfico ilegal de haitianos solo se combate con medidas drásticas. Primero, se debe encarcelar sin contemplaciones a los traficantes de indocumentados, confiscar sus vehículos y armas de fuego. Segundo, hay que expulsar del país a poderosos haitianos, incluidos empresarios cercanos al presidente Abinader, que en el pasado reciente fueron sancionados por Canadá por apoyar a los grupos terroristas que desestabilizan Haití.

Además, es imprescindible erradicar las mafias a lo largo de la frontera dominico-haitiana, que facilitan el regreso inmediato de los haitianos deportados. Es decir, los migrantes salen por un lado y entran por otro, en cuestión de horas. Esto es una verdadera vergüenza.

Hay dominicanos, incluidos funcionarios, que se atreven a criticar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por supuestas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en República Dominicana hay más violaciones a los derechos humanos y más inseguridad que en Venezuela. El gobierno de Abinader ha demostrado su total incapacidad para frenar los abusos, maltratos y ejecuciones policiales. Todos los días se denuncian abusos por parte de la Policía, y Abinader, ¡calla! No toma medidas. Parece que no le importa lo que sucede, solo se preocupa por la ciudadanía cuando se acercan las elecciones.

A la miseria, al hambre, al abandono y a la creciente delincuencia, se suman los abusos policiales, que han empeorado la situación en barrios del Gran Santo Domingo, Santiago, Higüey, San Francisco de Macorís, La Vega, Samaná, Pedernales, y muchas otras ciudades del país.

Finalmente, les informamos que los puntos de drogas de “Kiko La Quema” —el presunto narcotraficante ejecutado por la Policía en uno de sus “enfrentamientos”— siguen operando en Cambita, protegidos, incluso, por oficiales policiales. Esta denuncia ha sido enviada a ¡Cógelo, Picante! por comunitarios de la provincia de San Cristóbal. ¡Es hora de que se investigue a fondo! Eso no puede estar ocurriendo. Es una vergüenza para las autoridades.