La Policía necesita ¡cambio! para enfrentar la criminalidad y recuperar la confianza

-Y III-

Por Tomás Aquino G.

SANTO DOMINGO, R.D.

Uno de los aspectos más polémicos de la gestión del presidente Luis Abinader ha sido la incautación de bocinas en establecimientos comerciales, así como en espacios públicos y privados.

Esta medida, que en principio buscaba reducir el ruido excesivo y el desorden, se ha transformado en un motivo de indignación para ciudadanos y comerciantes.

La falta de transparencia en el proceso de incautación, la detención arbitraria de personas y la confiscación de equipos sin justificación legal, han generado una creciente percepción de abuso de poder.

Algunos ciudadanos, incluso, denuncian que algunas autoridades se valen de esta ley para “extorsionar” a propietarios de negocios, agravando aún más el malestar social.

Estas operaciones, lejos de mejorar la convivencia, han derivado en enfrentamientos entre civiles y agentes policiales, dejando en evidencia los abusos y maltratos cometidos por quienes supuestamente están llamados a mantener el orden.

Aunque han logrado reducir el bullicio, estas acciones —que en muchos casos rayan en la ilegalidad— no han tenido ningún impacto real en la creciente inseguridad que vive el país.

Pero, además, los agentes actúan como jueces y fiscales, violando derechos fundamentales sin consecuencia alguna.

Promesas incumplidas de Abinader

Durante su campaña electoral, el hoy presidente prometió una República Dominicana más segura, con planes concretos para reducir la criminalidad, fortalecer la Policía Nacional y restaurar la confianza en el sistema judicial.
Casi cinco años después, los ciudadanos sienten que aquellas promesas quedaron en el olvido.

Hoy enfrentamos más inseguridad que nunca y una “nueva” Policía —como la llama el oficialismo— más cuestionada, más corrupta y envuelta en más escándalos que en épocas pasadas. Está dirigida por un hombre que, de manera sorprendente, se ha convertido en uno de los más poderosos económicamente del país. Y sus acciones hablan por sí solas.

A pesar de los esfuerzos anunciados —como el supuesto incremento de patrullajes y la aplicación de tecnología en zonas de alta peligrosidad— los resultados son nulos. La delincuencia avanza, mientras los crímenes aumentan y la frustración social se profundiza.

El microtráfico, los abusos policiales y los altos índices de criminalidad continúan siendo los principales problemas. Y el gobierno parece estar atrapado en una espiral de promesas rotas.

Una situación insostenible

La República Dominicana atraviesa momentos de gran tensión. Las promesas del gobierno en materia de seguridad están desconectadas de la realidad que viven millones de dominicanos.
Mientras la violencia se multiplica, la población se siente cada vez más abandonada por unas autoridades, incapaces de frenar la ola de crímenes.

Es urgente una reforma profunda del sistema de seguridad, un compromiso real con la justicia y el bienestar del pueblo, y respuestas firmes ante el caos que domina las calles.

La situación no puede seguir así. Con un gobierno que no ha cumplido sus compromisos en materia de seguridad, y con la violencia y los abusos policiales como rutina diaria, el panorama es sombrío.
La inseguridad ha dejado de ser un problema puntual: es ya una crisis nacional que amenaza la estabilidad del país.

Una necesidad impostergable

La mayoría de los ciudadanos ya no sienten respeto por los uniformados, lo que representa un riesgo social grave y una señal de alerta.

¿Culpables? Los mandos policiales, tanto generales como oficiales superiores y subalternos, que han sido incapaces de diseñar e implementar programas de acercamiento comunitario.

En su lugar, han apostado por operativos represivos que solo fortalecen la delincuencia.

Además, la confianza en la Policía está por el suelo. Muchos ciudadanos denuncian que, tras brindar información confidencial, los delincuentes terminan enterándose con detalles precisos antes de que la persona salga de la misma dotación policial. Un sistema infiltrado y fallido.

A esto se suma la implicación de altos mandos policiales en escándalos de corrupción, lo que debilita la lucha contra la inseguridad y fortalece la criminalidad, la delincuencia y al microtráfico.

Ante este panorama, la ciudadanía ha exigido al presidente Abinader que remueva a los responsables, retire a los involucrados en actos dolosos y permita que la Procuraduría General inicie las investigaciones correspondientes.

Se requiere, con urgencia, colocar al frente de la Policía Nacional a un oficial íntegro, profesional, con experiencia en gestión y sin historial de actos cuestionables. Solo así podrá limpiarse la imagen de la institución y rescatar la malograda reforma policial, que hoy figura entre los mayores fracasos del actual gobierno.

La República Dominicana necesita una Policía más eficiente y confiable, dirigida con transparencia y honradez.

Solo una transformación auténtica permitirá frenar la ola de inseguridad que nos afecta a todos.

Sin ese cambio profundo, el país seguirá atrapado en una crisis de confianza, justicia y orden que pone en peligro nuestro presente y futuro.