Pleito entre Sergio Moya y La Tora se torna picante

SANTO DOMINGO, R.D.

El conflicto entre la comunicadora Claudina Pérez, conocida como «La Tora», y el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), dio un giro inesperado este miércoles cuando la periodista fue arrestada por las autoridades.

La detención ocurrió luego de que la comunicadora no se presentara a una audiencia en el marco de una querella por supuesta difamación interpuesta en su contra por Moya.

El arresto de La Tora, quien fue esposada y llevada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos ciudadanos consideraron que la medida fue un abuso y una forma de intimidación.

Varias voces sostuvieron que este «espectáculo» podría, irónicamente, aumentar la popularidad de la comunicadora, quien ha sido muy crítica con el legislador y otros funcionarios públicos, incluyendo al director de la Policía Nacional, Ramón A. Guzmán Peralta.

Tras ser conducida a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, La Tora acusó directamente al diputado Sergio Moya y a la jueza encargada del caso de colaborar para mantenerla detenida.

En su defensa, La Tora argumentó que la querella en su contra carecía de fundamentos y que su arresto estaba motivado por intereses políticos y personales.

La comunicadora fue arrestada por no cumplir con la citación judicial para una audiencia que se había programado en la Octava Sala Penal del Distrito Nacional.

Este tribunal había emitido una orden de arresto después de que La Tora, en una entrevista televisiva, anunciara que no se presentaría a la audiencia.

La jueza Diana Moreno Rodríguez había convocado a La Tora para una audiencia en relación con una demanda por difamación e injurias interpuesta por Sergio Moya.

La comunicadora no asistió, lo que llevó a los abogados del querellante a solicitar la declaratoria de rebeldía. En su solicitud, los abogados alegaron que La Tora fue legalmente citada, pero que decidió no presentarse a la audiencia.

Según el artículo 100, del Código Procesal Penal de la República Dominicana, cuando un imputado no asiste a una citación judicial sin justificación, el Ministerio Público o el querellante pueden solicitar al juez la declaración de rebeldía y la emisión de una orden de arresto.

Así fue el caso de La Tora, quien ahora deberá ser presentada nuevamente ante el tribunal para su liberación.

Sergio Moya

El diputado Sergio Moya (Gory), conocido por sus implicaciones en varios casos polémicos, tiene un largo historial de situaciones legales que han marcado su carrera política.

En julio de 1998, Moya fue sometido junto a su hermano Juan Antonio Moya de la Cruz por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acusados de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

El expediente incluía propiedades, vehículos, locales comerciales y más de 800 mil dólares en efectivo. Sin embargo, el caso fue desestimado en el año 2000 por «insuficiencia de pruebas».

En 2014, el nombre de Moya volvió a ser mencionado en un contexto delicado, cuando Winston Rizik, conocido como «El Gallero», acusó a Jesús Pascual Cabrera de intentar matarlo por oponerse a que asesinaran a Moya. Aunque este episodio no tuvo consecuencias legales, la sombra de estos casos sigue persiguiendo al legislador.

Caso más reciente

El golpe más fuerte a la carrera política de Sergio Moya llegó en 2023, con el destape de la Operación Calamar, una investigación del Ministerio Público que descubrió una red de desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos.

En este caso, Moya fue señalado como uno de los cabecillas de un esquema mafioso de cobros ilegales a bancas de apuestas, colmadones y consorcios de loterías, valiéndose de su influencia en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

El diputado fue acusado de asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este caso sigue siendo uno de los más mediáticos de su carrera, y ha puesto en la mira a Moya como parte de una red de corrupción que ha sacudido el sistema político del país. Empero, se presume su inocencia hasta prueba en contrario.