Escándalo en la Cooperativa de la Policía Nacional

Por Tomás Aquino G.

¿Qué pasa en la Cooperativa de la Policía Nacional?

¿Por qué la actual gestión de la Policía Nacional pretende convertirse en juez y parte, dirigiendo la Cooperativa de los miembros de esa institución?

Esa cooperativa pertenece a los miembros de la Policía Nacional y no recibe fondos del Estado dominicano.

El presidente de la República, Luis Abinader, debe ordenar al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) intervenir ese organismo y aplicar lo que establece la Ley 127-64, antes de que caiga en el mismo descrédito que alcanzó la DIGESETT, bajo la gestión del actual jefe policial.

La cooperativa de los policías tampoco debe seguir el mismo camino de deterioro que han recorrido otras instancias policiales como el Hospital Central de la Policía, el IPE, POLITUR o la propia Dirección General de la uniformada.

Según la Ley 127-64 del 27 de enero de 1964, la Cooperativa de la Policía Nacional no pertenece institucionalmente a la institución, sino a sus miembros activos y retirados.

Sin embargo, los recientes acontecimientos en torno a su dirección contradicen no solo la normativa vigente, sino también el sentido común y la transparencia que deben regir este tipo de entidades.

Tras el retiro del general Claudio Peguero Castillo, quien presidía la Asamblea General de la cooperativa, se desató un conflicto interno que derivó en una preocupante intervención por parte del director general de la Policía Nacional, Guzmán Peralta.

Fuentes vinculadas a este medio aseguran que Guzmán Peralta llegó al extremo de militarizar las instalaciones donde se iba a realizar una asamblea, aunque luego intentó negarlo. Enviaron al subdirector general, al inspector general, al director de Recursos Humanos y a otros oficiales superiores.

Tres oficiales completamente cuestionados en su accionar, y cuya carrera policial debería ser investigada por orden del presidente Abinader.

Se informó que no se produjo una confrontación mayor gracias a que el general Peguero Castillo puso la situación en conocimiento del presidente de la República, quien habría llamado la atención a Guzmán Peralta por su conducta.

Lo que pasó en la asamblea

El episodio más alarmante tuvo lugar el pasado domingo 22 de junio. Y como nos lo contaron, así lo vamos a contar.

En medio de presiones y bajo una supervisión política inusual, se llevaron a cabo elecciones para elegir nuevas autoridades de la cooperativa. En la operación participaron el ministro administrativo de la Presidencia, la directora del IDECOOP, el presidente de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, el alto mando policial y, según diversas versiones, actuaron por instrucciones directas del presidente Luis Abinader.

En un acto que múltiples observadores consideran irregular, fueron destituidos arbitrariamente los delegados anteriores y se impusieron nuevos representantes afines a Guzmán Peralta, con el objetivo evidente de controlar los resultados y colocar a su candidato en la presidencia del consejo administrativo.

El problema no es únicamente de forma, sino de fondo.

Se teme que el manejo de los recursos de la cooperativa —fondos que pertenecen exclusivamente a sus socios— termine sometido al mismo esquema de opacidad con el que se maneja el presupuesto de la Policía Nacional. Esto incluye el uso discrecional de combustibles, asignación de cargos y otros beneficios logísticos que nada tienen que ver con los fines cooperativos.

El nuevo titular

Agravando aún más la situación, la presidencia de la Asamblea General recayó en el general Wagner Núñez, actual director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Juez y parte. Un claro conflicto de intereses, pues convierte al ente fiscalizador en autoridad y supervisor dentro del mismo sistema de control.

Además, el nuevo consejo directivo está integrado, en su mayoría, por oficiales subalternos, con excepción de un teniente coronel, lo que viola los estatutos que exigen que estos cargos sean ocupados por oficiales generales o, como mínimo, coroneles.

Este rediseño estructural parece tener un propósito claro: eliminar cualquier oposición y concentrar todo el poder de decisión.

Cómplices de irregularidades

Resulta alarmante que, pese a denuncias y auditorías que evidencian irregularidades graves durante la gestión de Guzmán Peralta, ni el presidente Abinader ni el Ministerio Público han mostrado voluntad alguna de actuar.

Por el contrario, su silencio los convierte en cómplices por omisión, mientras se consolida un mando ampliamente cuestionado por corrupción y abuso de poder.

Cabe recordar que una auditoría a su gestión al frente de la DIGESETT reveló prácticas lesivas al Estado dominicano por más de 421 millones de pesos.

Un montaje, una película

Las elecciones recientes fueron, en efecto, un montaje institucional. Se excluyó a oficiales generales y superiores con derecho a participar, y se colocó como vocero del proceso a un primer teniente, faltando el respeto al escalafón y a la institucionalidad de la Policía Nacional.

Advertencia

Desde ya advertimos: la cooperativa está en riesgo de convertirse en escenario de prevaricación y malversación de fondos.

El IDECOOP debe mantenerse alerta, porque los recursos de los policías podrían terminar financiando proyectos ajenos a su función y al interés colectivo de sus socios.

Presidente, ¡cuidado!

El presidente Abinader ha sido advertido. No debe permitir que su gobierno termine manchado por una Policía dirigida por un mando cuestionado, caracterizado por el abuso de poder, enriquecimiento ilícito y corrupción administrativa.

De persistir en su silencio, el mandatario se convertirá en el principal responsable político de las consecuencias que puedan derivarse de este escándalo.

No hay peor ceguera que la de quien no quiere ver.