Gobierno entretiene población con banalidades
La gente no escoge los temas sobre los cuales se habla, se trata de aspectos impuestos por los medios de comunicación social y los influenciadores de las redes.
Los sometimientos judiciales, por difamación e injuria, contra Claudia Pérez (La Tora), Ingrid Jorge (La Torita) y Ángel Martínez no son acontecimientos de tanta relevancia para ocupar, durante semanas, los espacios periodísticos, al menos que haya una intención marcada de entretenimiento a la opinión pública. Aún más: se ha creado un alboroto con las recientes declaraciones de Quirino Ernesto Paulino, donde reitera acusación a Leonel Fernández, en el sentido de que le debe más de 200 millones de pesos.
De ser cierto, lo que procede es que el señor Paulino formalice una querella contra el líder político y no insistir con una vieja narrativa, motivo para pensar que se trata de algo deliberado (alguien detrás), tratándose de un sujeto que regularmente mantiene bajo perfil.
Quirino es noticia, como sigue siendo noticia todo lo inherente al caso haitiano, que tiene meses (años) en la palestra, muy posiblemente bajo el interés gubernamental. Dentro de sus atribuciones, el Gobierno toma las medidas que considera necesarias sobre la inmigración, pero busca responsabilidad colectiva, al sumarse a los líderes políticos opositores y a los empresarios.
La verdad que ya pocos hablan sobre la tragedia del Jet Set, porque se apostó a que se diluya con otros temas y con el paso del tiempo. Y el Ministerio Público nada pudo hacer, pese a que tuvo el interés, se supo, de responder al clamor nacional de justicia en torno a una desgracia que abarca a casi 240 personas muertas.
Con frecuencia se producen denuncias de corrupción pública, en diferentes órganos estatales, pero ningún medio de comunicación se da por enterado. Es un hecho de autocensura, pero en el fondo hay temor al Estado por una u otra razón.
Hay dos temas que irritan al presidente de la República. Uno: sobre los 775 millones dólares recibidos por el Estado por concepto del renegociado contrato de Aerodom. Y dos: el festival de empréstitos internacionales que han elevado por las nubes la deuda externa. La verdad es que el Gobierno no ha tenido una respuesta satisfactoria respecto a los 775 millones, porque las obras anunciadas a construir, al momento de suscribir el convenio con la compañía, no se hicieron. Ni está el dinero ni están las obras, aunque nadie puede sostener que hubo malversación, partiendo del principio de presunción de inocencia.
Además, históricamente, en República Dominicana, la corrupción pública de los gobiernos se conoce cuando abandonan el poder. El PLD tuvo que salir para que salgan a relucir casos que lo desacreditaron y redujeron su aprobación electoral, al extremo de bajar 28 puntos del 2020 al 2024.
Y en lo referente a la deuda externa, los dominicanos tienen derecho a exigir respuesta sobre el destino que se le da al dinero, en divisas fuertes, que toma el Estado. Las inversiones en obras son escasas en todo el país, por lo que resulta preocupante que de forma regular las cámaras legislativas, controladas por el Poder Ejecutivo, estén aprobando empréstitos para completar un presupuesto deficitario y destinado mayoritariamente a gastos corrientes, sobre todo a una nómina pública cada vez mayor.
(El déficit fiscal pudo corregirse, sencillamente, cobrándoles el impuesto sobre la renta a los empresarios que no pagan ese gravamen, pero el presidente de la República para nada barajó esa posibilidad y ante la amenaza de protesta popular optó por retirar el Proyecto de Reforma).
Los legisladores dominicanos estarían representando mucho mejor si exigieran obras para sus comunidades y se dedicaran a fiscalizar los recursos del contribuyente, prerrogativas establecidas en el Artículo 93 de la Constitución de la República. Los dominicanos necesitamos saber que se hace con nuestro dinero y cuando algún ciudadano denuncia manejo inadecuado de recursos públicos, con pruebas, está realizando un aporte al interés nacional.
Naturalmente, el Gobierno tiene por norma no responder las denuncias de corrupción, una estrategia política para proteger la imagen de sus funcionarios ante la opinión pública, al tiempo que logra evitar la atención mediática sobre el asunto. Sabe que el silencio y el tiempo se encargan del olvido y el tema termina desapareciendo del candelero público.
Sin embargo, cuando se trata de una imputación escandalosa, que penetra en la población, entonces se opta por la creación de noticias que puedan relegar a un plano menor el hecho original. Otra opción es contrarrestar, a través de personeros de medios, con otra imputación, atribuyendo una agenda oculta y así cambiar el tema de discusión.
Otra forma tradicional de los gobiernos responder a atribuciones de actos dolosos es con golpes bajos. Si se trata de un hombre de negocio le tiran a Impuestos Internos; si es un político o comunicador, le tiran al DNI, organismo tenebroso que practica desde simples bellaquerías (intervenciones telefónicas, hackeo de cuentas de redes sociales) hasta la planificación de actos terroristas, como la implementación de accidentes vehiculares simulados.
