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ADOCCO califica de inconstitucional decreto que declara emergencia en compras del sector eléctrico

Afirma que la medida viola la Constitución y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones

SANTO DOMINGO, R.D.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) advirtió este miércoles que el Decreto 517-25, emitido por el Poder Ejecutivo para declarar en “emergencia nacional” todas las compras y contrataciones del sector eléctrico, es inconstitucional y contraviene la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

El decreto autoriza adquisiciones y contrataciones directas para incrementar la capacidad de generación, suplir la demanda, instalar nuevas unidades térmicas de respuesta rápida, así como implementar sistemas de almacenamiento energético y otros servicios especializados relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Argumentos legales

ADOCCO recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 265, solo permite declarar Estado de Emergencia en situaciones graves e inminentes que alteren el orden económico, social, ambiental o constituyan calamidad pública.

Asimismo, citó el artículo 6 de la Ley 340-06, que establece la excepción para compras por razones de seguridad o emergencia nacional, siempre que exista una declaratoria debidamente sustentada.

El presidente de la entidad, Julio César De la Rosa Tiburcio, sostuvo que el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción de la Dirección de Compras y Contrataciones precisa que la modalidad de emergencia “debe responder a un acontecimiento cierto, evidente y concreto que implique una real afectación al Estado, limitado a lo estrictamente necesario para remediar lo inminente”.

Improvisación en el sector eléctrico

De la Rosa afirmó que los problemas eléctricos no son producto de un desastre natural ni de una pandemia, sino de “falta de planificación y de improvisación gubernamental”, por lo que no procede justificar compras y contrataciones por la vía de emergencia.

“La contratación por emergencia no aplica para necesidades extendidas en el tiempo ni para obras cuya ejecución sea diferida. Este decreto abre la puerta a procesos irregulares bajo un argumento que no se sostiene en derecho”, puntualizó el dirigente de ADOCCO.

Considerandos cuestionados

La organización calificó de “penoso” que el decreto se sustente en efectos de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, argumentando que esas circunstancias han tenido tiempo suficiente para ser enfrentadas mediante planificación ordinaria.

“Han existido oportunidades de sobra para corregir el déficit eléctrico sin violentar la Constitución ni las leyes de compras”, concluyó el vocero de ADOCCO.

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