Participación Ciudadana exige investigaciones rigurosas en ejecuciones policiales

SANTO DOMINGO, R.D.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó el martes a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, implementar políticas públicas claras y efectivas que garanticen investigaciones exhaustivas de cada muerte ocurrida en alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

La organización instó a que cada caso sea indagado minuciosamente por fiscales, con la colaboración del Ministerio de Interior y la propia Policía, y que los resultados se den a conocer en un plazo razonable.

 Asimismo, demandó que, de encontrarse responsabilidades penales, los responsables sean procesados judicialmente sin excepciones.

Ejecuciones extrajudiciales

Participación Ciudadana denunció que en muchos casos estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales que han operado como una política pública de facto, sin consecuencias para los responsables.

“Esta práctica es inconstitucional e ilegal, convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte inexistente en el país bajo el falso argumento de combatir la criminalidad”, advirtió la entidad.

Las cifras son alarmantes, según las cifras dadas a conocer por algunos medios, que señalan que al 5 de septiembre de este año se registran 170 personas muertas en estos alegados intercambios, 18 más que en el mismo periodo de 2023.

RD líder del Caribe

El informe Latinobarómetro 2024 coloca a la República Dominicana en primer lugar junto a Bolivia en violencia ejercida desde el Estado (21%), mientras Chile registra el nivel más bajo (4%), frente a un promedio regional de 14%.

Participación Ciudadana recordó que por años las investigaciones de estos casos permanecieron en manos de la propia Policía Nacional, lo que favoreció el “espíritu de cuerpo” e impidió la independencia y la transparencia.

El organismo cívico Participación Ciudadana afirmó que el caso de los cinco jóvenes muertos en Santiago debe marcar un precedente para romper la impunidad y establecer un protocolo permanente de investigación independiente en todas las muertes atribuibles a agentes policiales.

“Es deber de la procuradora Reynoso y de la ministra Raful diseñar y aplicar sin demora políticas públicas efectivas para garantizar que estos procesos se realicen puntualmente, se publiquen sus resultados y se aplique el régimen de consecuencias a quienes resulten responsables”, concluyó la entidad.

El reclamo se produce tras los graves hechos ocurridos en La Barranquita, Santiago, la tarde del 10 de septiembre, donde cinco jóvenes fueron ultimados por agentes de la Policía Nacional.

La PN dijo fue un «enfrentamiento»

Inicialmente, el director de la institución, a través de su vocero, informó que los jóvenes “cayeron abatidos” al enfrentar a tiros a los agentes.

Sin embargo, testigos y comunitarios desmintieron la versión oficial, denunciando que tras el incidente los agentes arrancaron y se llevaron las cámaras de seguridad del sector e incluso el celular de una mujer que había grabado parte de la escena.

Posteriormente, han surgido evidencias que refuerzan la tesis de que no hubo tal enfrentamiento.

Dos de las víctimas fueron defendidas públicamente por familiares, vecinos y amigos, quienes aseguraron que ninguno tenía antecedentes penales. Esta ejecución múltiple ha provocado indignación nacional y reclamos de que los responsables sean llevados ante la justicia y que se destituya al alto mando policial.

El único sobreviviente del operativo fue el supuesto cabecilla de una presunta red de narcotráfico, secuestros y extorsión, como lo describió la Policía, lo que ha generado aún más cuestionamientos a la versión oficial.

Antecedente de ejecución policial

La desconfianza pública no es nueva. En diciembre de 2023, agentes de la DICRIM apresaron a dos militares —uno de ellos oficial— y a un agente de la DNCD.

Posteriormente, la Policía informó que los tres murieron al enfrentar a miembros de la institución. Sin embargo, un video filtrado demostró que habían sido detenidos esposados y subidos a una camioneta oficial antes de ser reportados como “abatidos”, dejando en evidencia otra ejecución extrajudicial encubierta.

Estos patrones refuerzan las denuncias de Participación Ciudadana, que exige poner fin a la impunidad, garantizar investigaciones transparentes y someter a la justicia a los agentes involucrados en ejecuciones extrajudiciales.