Fuerza del Pueblo exige suspender licitación del Monorriel de Santo Domingo

SANTO DOMINGO, R.D.

 La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo (FP) exigió este lunes la suspensión inmediata de la licitación del Monorriel de Santo Domingo, al considerar que el proyecto impulsado bajo el fideicomiso FITRAM presenta irregularidades legales, opacidad financiera y un costo por kilómetro superior al del Metro, a pesar de tener menor capacidad operativa.

Durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el ingeniero César Fernández, vocero de la comisión, explicó que el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 viola principios de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y advirtió que su modelo de ejecución “pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del sistema de transporte masivo”.

“Creemos en la movilidad moderna y eficiente como un derecho de la gente. Pero el transporte público no puede construirse sobre la improvisación ni sobre fideicomisos sin control”, enfatizó Fernández.

Menor capacidad, mayor costo

Fernández cuestionó que el Monorriel tenga una capacidad máxima de solo 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil del Metro, con un costo por kilómetro incluso mayor.
“Escoger una tecnología de menor capacidad para un eje de alta demanda es condenar a la red a la saturación temprana”, advirtió, señalando que el sistema elevado y de tecnología propietaria dificulta su integración y expansión con el Metro y los corredores alimentadores.

El ingeniero Jeffrey Infante, también citado en el informe, subrayó que los costos del Monorriel se disparan por su estructura completamente elevada, el uso de material rodante no estandarizado y la dependencia de piezas y proveedores únicos.

“No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos”, resumió Infante.

Riesgos técnicos y operativos

El comisionado Wilkin Moreno advirtió que, según las buenas prácticas internacionales, los monorrieles son adecuados solo para corredores de demanda media, mientras que los metros pesados son recomendados para flujos que superan los 20 mil pasajeros por hora/sentido.

“El diseño debe responder a la demanda del corredor, no a la novedad tecnológica”, enfatizó.

Moreno también alertó sobre los riesgos en evacuaciones en altura, interrupciones por fallas en un único viaducto y tiempos de recuperación ante incidentes, elementos que comprometen la resiliencia y seguridad operacional del sistema.

Fideicomiso bajo la lupa

El diputado Tobías Crespo denunció la falta de transparencia en la estructura fiduciaria del FITRAM, que opera sin control parlamentario y sin auditorías públicas.
Exigió la publicación del contrato de fideicomiso, estados financieros y matriz de riesgos, para evitar lo que calificó como “endeudamiento encubierto del Estado”.

“El país no puede comprometer miles de millones sin una debida diligencia clara y completa”, afirmó Crespo.

Proceso licitatorio cuestionado

El arquitecto Carlos Sully Bonelly y el jurista Manuel Fermín Cabral coincidieron en señalar deficiencias graves en el proceso de licitación, incluyendo plazos restrictivos, bases incompletas y documentación técnica insuficiente.
Cabral advirtió que tales irregularidades podrían llevar a una impugnación o nulidad del proceso, por violar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia establecidos en la Ley 340-06.

“Sin información completa y verificable, no hay transparencia ni competencia efectiva”, subrayó Bonelly.

Llamado final

La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo, encabezada por César Fernández, llamó al Gobierno a suspender la licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001, auditar el fideicomiso FITRAM y redirigir la inversión hacia la expansión del Metro de Santo Domingo, al que calificaron como “un sistema más probado, escalable y de mayor retorno social”.

Asimismo, exigieron que el Gobierno publique todos los estudios técnicos y financieros del proyecto y convoque audiencias públicas con participación de la academia, colegios profesionales y sociedad civil, antes de comprometer recursos del Estado.

“El desarrollo del transporte público no puede hacerse de espaldas al país. La transparencia no se negocia”, concluyó Fernández.