El blackout, PRM, extradiciones, Policía y la CAASD y sus chantajes
¡Cógelo, Picante! Algunos funcionarios no encuentran cómo justificar el apagón que dejó a RD en tinieblas… Y si descartan el sabotaje, ¿para qué investigan?

Buenos días…
El pueblo no es tonto. Y aunque quieran envolverlo en excusas técnicas, la gente ya empezó a murmurar, y dice que el histórico apagón de más de siete horas que dejó a la República Dominicana sumida en la oscuridad, fue “planificado” para distraer la atención del escándalo de las extradiciones.
¿Verdad o mentira? Nadie lo sabe. Pero en este país, de todo se puede esperar.
Lo cierto es que no fue “un apagón parcial”, ni “una falla localizada”. No señor. Fue un blackout total, de esos que huelen a improvisación, a falta de inversión y a puro desorden. Desde hace tiempo lo venimos diciendo: en materia energética, hemos retrocedido años luz.
Y ahora, los funcionarios se tiran la papa caliente unos a otros. Cada uno con una versión distinta, todos queriendo brillar… con un apagón. ¡Insólito!
Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), dijo que la avería comenzó en San Pedro de Macorís, y provocó una reacción en cadena.
Pero, por favor, diga que fue en todo el país, porque ni una linterna pública quedó encendida.
Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echeverría, descartó que fuera sabotaje… pero anunció una “investigación exhaustiva”. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no fue sabotaje, ¿qué están investigando?
Eso se llama querer ganar tiempo. Pero el pueblo está cansado de cuentos técnicos. Lo que hay es falta de gestión, de planificación y de responsabilidad.
Y como si fuera poco, mientras el país se apagaba, las extradiciones seguían encendidas. Ahí no hay apagón posible. Los nombres siguen rodando, y las miradas apuntan hacia el PRM.
Lo lamentable es que tantos dirigentes oficialistas estén siendo señalados, y que el narcotráfico haya tocado la puerta del poder político. Eso, en cualquier país serio, haría temblar los cimientos del gobierno.
Y ojo, que Estados Unidos está mirando de cerca. El Tío Sam no se anda con cuentos. La nueva embajadora, Leah Francis Campos, llegó con los ojos bien abiertos. Dicen que tiene la vista de un lince y la paciencia de un fiscal.
No vino a bailar merengue, vino a observar, y a reportar directamente a Donald Trump, que no cree en excusas ni en diplomacia de salón.
Presidente Luis Abinader, hablemos claro: las lluvias recientes dejaron al desnudo los vicios de construcción en obras de su gestión. Calles que se hunden y drenajes que colapsan. Eso no es mala suerte, eso es corrupción disfrazada de lluvia.
Y ya que estamos en eso, el Metro de Santo Domingo se está cayendo a pedazos. Falta mantenimiento, los sanitarios están cerrados, y los usuarios indignados. ¿Hasta cuándo el desorden y el descuido?
Y hablando de descuido. Ministra Faride Raful, los policías andan sin uniformes. En establecimientos privados los hay, pero los agentes no tienen con qué pagarlos. ¿Y así hablamos de reforma policial? Por eso la Policía camina como el cangrejo: para atrás. Hay sastrerías especiales, únicas, donde mandan a los agentes a comprar sus nuevos uniformes, incluyendo a oficiales generales y coroneles. 
En dos días, el mayor general Guzmán Peralta cumple dos años al frente de la Policía Nacional. Dos años de escándalos, improvisación y una delincuencia desbordada. Mientras la inseguridad se traga a la gente, algunos dentro de la institución parecen más ocupados en sus propios intereses que en proteger al ciudadano.
Y atención con esto. La embajada de EE.UU. tiene el ojo puesto en los cambios que vienen en la Policía. No quieren otro jefe “manchado”, ni que huela a corrupción.
Y si en el Palacio no han leído bien la Ley 590-16, les recuerdo algo: el cargo de director de la Policía no es vitalicio, y el reloj ya está corriendo.
Si el presidente mueve ficha esta semana, Guzmán Peralta podría salir volando. Después del 14, sus decisiones son ilegales, violan la ley orgánica de la Policía.
Y si el Ministerio Público se decide a escarbar, más de uno tendrá que explicar su “crecimiento económico” y algunas obras con olor a expediente.
El país no soporta más excusas. Ni en energía, ni en seguridad, ni en transparencia. Y si el gobierno no enciende la luz de la verdad… que no se queje cuando el blackout político también lo deje a oscuras.

La CAASD no está para maltratar al pueblo. La CAASD y su director Felipe Suberví (Fellito) están para servir a la gente, para dar facilidades a los ciudadanos que quieren hacer las cosas en regla, no para maltratarlos ni hacerles la vida imposible.
Nadie tiene por qué pagar la deuda de otro, ni mucho menos convertirse en cobrador de la CAASD. Y que quede claro: ningún empleado público tiene derecho a chantajear o amenazar a los usuarios. El agua es un derecho, no un privilegio que dependa del humor de un burócrata.
En este país hay leyes —aunque algunos funcionarios crean que están por encima de ellas—, y el abuso de poder tiene límites. La prepotencia, la arrogancia y el maltrato al ciudadano no solo indignan, también tumban gobiernos.
Así que atención, Fellito: servir con decencia no es un favor, es una obligación. Porque cuando un servidor público se olvida de eso, termina convertido en su propio enemigo.
Y para que dejen sus amenazas y chantajes, ahí les dejamos la sentencia número TC/0512/25 del Tribunal Constitucional. Ahí está todo claro, negro sobre blanco. Y después daremos otros detalles de las deficiencias de la CAASD.
¿Se le pega el lío a Paliza? En La Romana, todo el mundo comenta lo mismo: que la diputada Jacqueline Fernández Brito es una hechura directa de José Paliza, ministro y presidente del PRM. Dicen que en la primera encuesta ella ni aparecía, pero Paliza ordenó repetir el sondeo… y ya sabemos cómo terminó la historia.
Ahora el escándalo le roza la chaqueta al jefe político. ¿Culpable o inocente? Sea usted el jurado. Y entre perremeístas… te veo.



