¿Rapto, secuestro o vulgar abuso?
En la comunidad El Pedregal, La Guáyiga, municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, ocurrió un hecho que huele más a abuso de poder que a simple confusión.
El pastor Mateo Soriano García, de más de 70 años y afectado por Alzheimer crónico, fue “robado” literalmente por dos individuos no identificados, a bordo de una camioneta sin placas.
Durante casi 48 horas su familia y vecinos lo buscaron desesperadamente, hasta que finalmente fue localizado en el destacamento de Hainamosa, Santo Domingo Este —es decir, fuera de su jurisdicción natural.
El anciano no pudo hacer una llamada telefónica, no recibió sus medicamentos ni se le permitió comer o beber agua.
Una clara violación a la Ley 6-96, que garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares o abogado.
Fue tratado, según denunciaron sus allegados, “como un delincuente peligroso”, cuando en realidad se trata de un hombre enfermo, frágil y con derechos humanos inviolables.
Viejas prácticas, nuevos rostros
Lo ocurrido recuerda a los peores días del balaguerismo, cuando la arbitrariedad policial era política de Estado y el poder se usaba para castigar disidentes o favorecer a los poderosos.
En este caso, todo indica que una litis judicial por la posesión de un solar estaría detrás del atropello.
Una “distinguida magistrada”, según la denuncia, habría intentado justificar lo injustificable, agregando vergüenza institucional al abuso.
