Caso SENASA: golpe que hace tambalear la narrativa de transparencia de Abinader

REPUBLICA DOMINICANA

El escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha convertido en uno de los casos de corrupción administrativa más grandes y mediáticos en el país.

El caso Senasa ha dejado tambaleándose la cacareada transparencia y las supuestas “maravillas” del Gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción y castigo a la impunidad.

Si bien las autoridades han iniciado acciones judiciales y administrativas, amplios sectores de la población consideran que las investigaciones aún no abarcan a todas las figuras clave involucradas en este entramado, lo que alimenta la percepción de selectividad y falta de profundidad en el proceso.

Asimismo, persiste en la opinión pública la creencia de que parte de los recursos sustraídos al Estado dominicano pudieron haber sido utilizados para financiar la pasada campaña electoral, en la cual el presidente Luis Abinader obtuvo la reelección.

Estas denuncias incluyen alegatos sobre el uso indebido de recursos públicos y la presunta inyección de fondos provenientes del narcotráfico, aunque hasta el momento tales señalamientos no han sido demostrados de manera concluyente ante los tribunales.

Esta combinación de sospechas, investigaciones parciales y silencios oficiales ha contribuido a debilitar la confianza ciudadana en el discurso gubernamental de transparencia, reforzando la percepción de que el combate a la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales del Estado dominicano.

El Ministerio Público, a través de la llamada “Operación Cobra”, ha imputado a altos funcionarios por desfalcar al Estado dominicano por más de RD$15 mil millones, mediante sobornos, fraudes, uso de documentos falsos, falsificación y lavado de activos.

Entre los imputados en esta red de alegados delincuentes de “cuello nblanco” figuran el exdirector, doctor Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y varias personas vinculadas a la entidad pública.

Este entramado afecta directamente a millones de dominicanos, en particular a afiliados al sistema de salud pública, generando críticas por la percepción de falta de transparencia e impunidad.

Autoridades, como el director de persecución del Ministerio Público han calificado el caso como “siniestro y cruel” debido al impacto sobre servicios esenciales de salud.

Reacciones políticas y sociales:

• El presidente Luis Abinader ha asegurado que no tolerará actos de corrupción, aunque la oposición y sectores de la sociedad acusen a autoridades de haber tenido conocimiento de irregularidades antes de que estallara el caso.
• Grupos civiles han organizado marchas exigiendo sanciones más severas y transparencia total en el proceso judicial.

Evaluación crítica

Aunque el avance en investigaciones y detenciones apunta a voluntad institucional para sancionar la corrupción, la percepción pública aún es de escepticismo y falta de resultados concretos en términos de condenas y resarcimiento al Estado.

El manejo prolongado del proceso ha generado debates sobre si estos escándalos se tratan con la suficiente celeridad y transparencia o si terminan diluyéndose en la opinión pública antes de resolverse totalmente.

Dudas sobre el proceso

La ciudadanía manifiesta serias dudas sobre que este proceso judicial se desarrolle con la transparencia, independencia y dignidad institucional necesarias.

Estas suspicacias se profundizan si se toma en cuenta que, tras la denuncia realizada por la Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, que calificó el presunto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los mayores escándalos de la actual administración, las reacciones del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña fueron inmediatas y defensivas.

Ambos funcionarios negaron inicialmente la veracidad de las acusaciones, restándoles credibilidad y desestimando su alcance.

No obstante, con el avance de las investigaciones y la presión pública, el propio Gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de irregularidades y un desfalco millonario, lo que reforzó la percepción de que las autoridades actuaron de forma reactiva y no preventiva.

En este contexto, diversos sectores políticos y sociales sostienen que el Gobierno estaría “sacrificando” a figuras cercanas, entre ellas Santiago Hazim, señalado como líder de un movimiento político clave en el proceso de reelección del presidente Abinader, con el objetivo de contener el impacto político del escándalo y desviar la atención ciudadana de otros temas de mayor gravedad para la estabilidad del oficialismo.

Temor y miedo

Entre estos temas se mencionan la cesión de aeropuertos estratégicos a Estados Unidos y, de manera aún más delicada, las solicitudes de extradición de figuras vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al actual aparato gubernamental, realizadas por la justicia estadounidense, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo con versiones que circulan en círculos políticos y mediáticos, al menos 20 figuras vinculadas al PRM estarían bajo escrutinio de agencias estadounidenses, incluyendo un senador, varios diputados y alrededor de tres ministros, lo que ha sido descrito como un verdadero “huracán judicial” que amenaza con golpear el núcleo del poder político dominicano.