Corrupción a la vista: colados en Palacio, jueces nuevos y SeNaSa matando mientras el cáncer avanza

Buenos días…

Se comenta —y ya es vox populi— que tres o cuatro escándalos de corrupción administrativa en instituciones del Estado están a punto de reventar.

Y esto no son chismes de esquina: se murmuran en pasillos oficiales, en despachos y hasta en los ascensores del poder.

Lo más grave es que al menos dos de esos casos salpican a altos dirigentes del PRM que arrancaron como ministros en esta gestión, fueron “movidos” estratégicamente de sus cargos y hoy despachan cómodos desde el Palacio Nacional. Cambiaron de silla, no de prácticas.

Al presidente Luis Abinader le siguen dando tabla por los escándalos de corrupción que sacuden a su gobierno. La narrativa del “cambio” hace rato que no da vuelto, y la transparencia prometida hoy está seriamente cuestionada.

Tras el estallido del caso SeNaSa, la reacción popular ha sido de indignación abierta. La gente no está pidiendo chivos expiatorios: exige que caigan cabezas grandes. En ese contexto, incluso la vicepresidenta Raquel Peña ha sido señalada públicamente.

Y no es un señalamiento gratuito. Raquel Peña fue jefa del Gabinete de Salud, donde estalló el escándalo de las jeringuillas sobrevaluadas, y ahora vuelve a aparecer su nombre en medio del caso SeNaSa, calificado por muchos como el mayor escándalo de este gobierno.

Pero ahí no termina el problema para la vicepresidenta. También es coordinadora del gabinete de Educación, y desde la oposición —y no solo desde ahí— se comenta con insistencia que en el Ministerio de Educación algo huele mal, tanto en las dos gestiones del PRM, bajo Abinader, como en el período inmediatamente posterior al famoso 4 %. No son acusaciones formales, pero el ruido es fuerte… y persistente.

Hay un dato político imposible de ignorar: dos coordinadores clave de campaña de Abinader han salido del gobierno manchados por escándalos. Y uno está preso.

Primero fue el doctor Plutarco Arias, coordinador del Gabinete de Salud en campaña y luego ministro, destituido tras el escándalo por un intento de compra de jeringuillas a sobreprecio para la vacunación contra la COVID-19. Esa compra no se concretó porque la denuncia salió a tiempo y evitó un posible desfalco al Estado.

Ahora es el turno del doctor Santiago Hazim, quien fuera el coordinador del “poderoso” sector externo de Abinader, quien enfrenta acusaciones públicas de encabezar lo que se describe como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno, y posiblemente, de cualquier otro gobierno: el desfalco en SeNaSa.

Cuando el caso fue denunciado por la oposición, tanto el presidente Abinader como la vicepresidenta lo negaron. Hoy, sin embargo, el nombre de la vice vuelve a aparecer en los señalamientos, junto al de otros funcionarios muy cercanos al jefe de Estado.

Pero donde —dicen muchos— la chiva va a retorcer el rabo es en la Policía Nacional. Y ojo: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Si se investigan a fondo las operaciones administrativas de la PN, el bombazo podría sacudir el Palacio Nacional.

Y si ese escándalo explota, podría ser peor que el de SeNaSa, arrastrando responsabilidades políticas de alto nivel, incluida la ministra Faride Raful, aunque sea por complicidad por misión.

A propósito, Faride Raful debe explicar quién ordenó los descuentos a los incentivos policiales. Coroneles denuncian que se les descuentan hasta 13 mil pesos mensuales, una práctica inédita que afecta desde rasos hasta generales.

Existe el temor fundado de que esos fondos vayan a cuentas especiales, con el riesgo de que luego desaparezcan, como ha ocurrido en otros episodios oscuros que todavía esperan explicación.

En definitiva, la vicepresidenta Raquel Peña tendrá que hablar claro sobre SeNaSa. Y si aspira a algo más, deberá entender que la Presidencia no se construye sobre silencios incómodos.

Aclaración necesaria. En ningún momento ¡Cógelo, Picante! ha utilizado la palabra “ladrón” para referirse a ningún oficial, ni al general Guzmán Amparo, ni al mayor general Guzmán Peralta. Nunca. Esa palabra no forma parte de nuestro vocabulario.

Lo que sí se ha señalado —y se seguirá señalando— es que, según sus  inversiones, algunos oficiales se han enriquecido de manera vertiginosa, pasando de la precariedad a fortunas difíciles de explicar. Y como dice el refrán bíblico: por sus obras los conoceréis.

Y este mensaje va directo al presidente Abinader: sería una vergüenza histórica que se designe como director de la Policía Nacional a un oficial señalado por irregularidades o sospechas de corrupción.

Otra aclaración: las auditorías realizadas en la Policía Nacional, durante la jefatura de Eduardo Alberto Then, no las ordenó ¡Cógelo, Picante!, las ordenó Luis Abinader, y sus resultados fueron catastróficos para el Estado dominicano.

Parece que el presidente, con esas auditorías, esperaba un resultado distinto y el tiro le salió por la culata. Las irregularidades —que en otros tiempos se llamaban corrupción— afloraron en abundancia y con todo lujo de detalles. Sin embargo, ante la ausencia de una verdadera política de transparencia, los hallazgos no produjeron consecuencias reales.

Conclusión clara y sin rodeos: Ningún oficial vinculado a irregularidades, señalado en casos de corrupción, o que huela a “cosas raras”, dentro o fuera de la institución, debe dirigir la Policía Nacional. Se llame como se llame. Aunque tenga padrinos. Aunque tenga bendiciones. Aunque tenga recomendaciones familiares. La uniformada necesita honorabilidad. Hay que recuperar su imagen y sacar la reforma del lodazal en que se encuentra.

En medio de este lodazal, el Consejo Nacional de la Magistratura logró —milagrosamente— ponerse de acuerdo para escoger a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ojalá esa selección no termine siendo un maquillaje institucional más. A los nuevos magistrados, suerte… porque la justicia dominicana no necesita más adornos, necesita carácter, independencia y coraje. Que Dios los ilumine, sí, pero que también los expedientes los despierten. 

Y mientras tanto, el caso SeNaSa: más de 500 pacientes con cáncer afectados por un fraude que no solo robó dinero, sino tiempo, tratamientos y vida. Los vivos aún tienen esperanza. Los muertos, producto del saqueo a esa ARS del Estado, ya no cuentan estadísticas: cuentan tumbas. ¿Cuántos serán realmente?

Aquí no estamos hablando de errores administrativos, sino de sentencias de muerte firmadas con tinta de corrupción.

Los vivos todavía esperan justicia. Los muertos, bajo tierra, ya no esperan nada. Y al final, presidente, no basta con rezar —como dicen Los Guaraguaos—: cuando el pueblo se desangra, orar sin actuar también es pecado.