Narcopolítica, abuso policial y el colapso del Estado de derecho

Por la Redacción

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La corrupción administrativa no actúa sola, sino que se complementa con el deterioro de las instituciones de seguridad, la penetración del narcotráfico en la política y la pasividad —cuando no complicidad— del poder civil.

El resultado es un Estado que ya no protege a la ciudadanía, sino que la expone.

A este panorama se suma el deterioro alarmante de la Policía Nacional, una institución que debería garantizar seguridad y orden, pero que con demasiada frecuencia se convierte en fuente de miedo, abuso y muerte.

Los escándalos policiales —ejecuciones extrajudiciales, corrupción interna, vínculos con el crimen organizado y uso desmedido de la fuerza— afectan directamente los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad ciudadana.

Todo esto ocurre en medio de una cacareada “reforma policial”, anunciada con bombos y platillos, pero hoy sepultada en el lodo.

Algunos altos mandos han boicoteado cualquier intento serio de transformación, manteniendo prácticas heredadas de autoritarismo, corrupción y abuso, sin que exista una respuesta firme desde el poder civil.

Pero el deterioro institucional no se limita a la corrupción administrativa ni al abuso policial. El país está siendo progresivamente desacreditado a nivel nacional e internacional por la penetración del narcotráfico en la política, un fenómeno que ya no puede ocultarse.

Los narcopolíticos —figuras con poder económico y cargos públicos vinculadas directa o indirectamente al crimen organizado— han erosionado la credibilidad del Estado y debilitado la confianza ciudadana.

Mientras tanto, el microtráfico se expande sin control en barrios y comunidades, destruyendo familias, alimentando la violencia y atrapando a jóvenes en una espiral de exclusión y criminalidad.

Esta realidad convive con el encubrimiento sistemático de políticos y narcotraficantes solicitados en extradición, protegidos por redes de poder, dilaciones judiciales y silencios cómplices desde las más altas esferas del Estado.

Más grave aún es la mirada indiferente —cuando no cómplice— de la ministra de Interior y Policía, responsable política de la seguridad ciudadana, y de un presidente que parece ciego ante una realidad que golpea a diario a la población.

No se gobierna solo con discursos, estadísticas maquilladas o promesas vacías; se gobierna enfrentando los problemas reales, aunque incomoden a aliados y al propio sistema.

La inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y el abuso policial no son fallas técnicas: son decisiones políticas, o la consecuencia directa de no tomarlas.

Un Estado que no controla a su policía, que tolera el saqueo de sus instituciones y que protege a figuras vinculadas al crimen organizado, falla en su obligación básica de garantizar los derechos humanos.

República Dominicana no necesita más propaganda ni relatos oficiales desconectados de la calle. Necesita voluntad política real, justicia independiente y una ciudadanía que no acepte como normal lo que es profundamente injusto.

Mientras la corrupción siga impune, el narcotráfico infiltre el poder y el Estado funcione para unos pocos, la pobreza y la inseguridad no serán casualidades, serán el resultado lógico de un país gobernado contra la mayoría y al servicio de intereses criminales.