Crisis de violencia en el hogar: Un llamado urgente a la acción del Estado dominicano
Por la Fundación Derechos Humanos Global
La reciente tragedia ocurrida en el sector Duarte Arriba, en San Francisco de Macorís, donde una joven de 22 años le arrebató la vida a su hermana menor, pone en evidencia la grave y creciente crisis de violencia que afecta a nuestra sociedad.
Este hecho no puede verse como un caso aislado, sino como el reflejo de problemas estructurales que golpean a numerosas familias dominicanas.
Nuestra organización se apersonó al lugar y conversó con la madre, Kirsy Angelina de Jesús, quien expresó que tiempo atrás había intentado contactar a Rebeca Henríquez, en busca de ayuda para la menor fallecida. Este testimonio revela la falta de acceso oportuno a recursos, orientación y acompañamiento institucional para familias que enfrentan conflictos graves dentro del hogar.
Este tipo de tragedias pone de manifiesto la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y atención, así como la debilidad del sistema de protección social ante situaciones de violencia intrafamiliar.
Como defensores de los derechos humanos, reiteramos que el Estado Dominicano tiene la obligación constitucional y legal de garantizar la protección de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. La violencia intrafamiliar y el maltrato en el entorno familiar constituyen graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo establece la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, la cual reconoce este flagelo como un problema de salud pública y un serio obstáculo para el desarrollo social.
Derechos vulnerados
- Derecho a la vida: La violencia física y el homicidio constituyen ataques directos a este derecho fundamental.
- Derecho a la protección: Las familias deben recibir apoyo institucional oportuno para prevenir situaciones de violencia y conflicto.
- Derecho a la salud: La falta de recursos para el manejo de conflictos familiares afecta gravemente la salud mental y emocional de las personas involucradas.
A pesar de la existencia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), hemos observado que dicha institución no está cumpliendo de manera efectiva con su rol de protección y prevención. El Estado, en lugar de limitarse a habilitar lugares de paso temporales, debe invertir en la creación de centros permanentes de orientación, educación y protección integral para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Por ello, exigimos al Estado Dominicano una actuación inmediata y responsable, orientada a la creación de centros de rehabilitación y apoyo para jóvenes en riesgo, así como al desarrollo de programas de prevención, orientación y educación dirigidos a padres, madres y tutores. Solo mediante políticas públicas eficaces se podrá enfrentar de raíz esta problemática y evitar nuevas tragedias.
La Fundación Derechos Humanos Global reafirma su compromiso de seguir trabajando incansablemente por el respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos de todos los dominicanos, especialmente en momentos de profunda crisis social.
