Cuando los obispos hablan de corrupción, el Gobierno debería escuchar… y sonrojarse

Por Ysidro Hidalgo R.

La Carta Pastoral 2026 de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) no es un simple mensaje religioso de ocasión.

Es, en los hechos, una severa llamada de atención al poder político, un espejo incómodo colocado frente a un Estado que presume estabilidad, mientras normaliza la corrupción, la desigualdad y la impunidad.

Cuando los obispos afirman que “las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos”, no hablan en abstracto ni desde el púlpito de la ingenuidad.

Describen una realidad cotidiana que el Gobierno intenta maquillar con estadísticas optimistas, inauguraciones y discursos huecos. La corrupción, como bien señala la Iglesia, no es solo un delito administrativo: es una forma moderna de violencia que mata en silencio.

El episcopado fue claro y sin rodeos: justicia sin privilegios, sanciones ejemplares y castigo proporcional al daño causado.

Traducido al lenguaje político, el mensaje es demoledor: no más intocables, no más amigos del poder blindado, no más expedientes que duermen en gavetas mientras la pobreza y la frustración crecen en los barrios.

Porque cuando se roban los recursos públicos, no se roba dinero abstracto: se roban medicinas que no llegan a los hospitales, escuelas que no se construyen, calles que matan en accidentes, y oportunidades que jamás alcanzan a los jóvenes empujados hacia la delincuencia o la migración forzada.

La Carta Pastoral también desnuda otra gran mentira oficial: la supuesta “normalidad” social. Los obispos hablan de violencia intrafamiliar, inseguridad ciudadana, muertes de jóvenes ligados al crimen organizado y tragedias viales.

Todo eso ocurre mientras el Gobierno insiste en vender la imagen de un país que avanza, pero deja a miles de familias llorando a sus muertos y viviendo con miedo.

Y hay más. El llamado al diálogo y a la escucha social contrasta con una gestión que suele gobernar desde la soberbia, ignorando juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y voces críticas. Mientras tanto, las redes sociales —como advierte la Iglesia— se llenan de odio, desinformación y propaganda oficial, usadas más para atacar al disidente que para informar con verdad.

Ni siquiera el medio ambiente escapó al diagnóstico pastoral. Basura, contaminación y sargazo siguen siendo problemas crónicos, tratados con improvisación y discursos, pero sin políticas sostenidas ni responsabilidad real. La creación, recuerdan los obispos, no es botín político ni propiedad para depredar.

Que sea la Iglesia católica —tradicionalmente prudente— la que levante la voz con tanta claridad debería preocupar seriamente al Gobierno. Porque cuando hasta los obispos hablan de corrupción, injusticia y fractura social, es señal de que el problema es profundo y el hartazgo colectivo es real.

La Carta Pastoral no es solo una reflexión espiritual. Es una acusación ética. Y el Gobierno haría bien en entender que ignorarla no lo absuelve. Al contrario: lo coloca del lado de los sordos voluntarios ante el clamor de un país cansado de promesas, privilegios y discursos sin consecuencias.

La pregunta no es si el Gobierno escuchó a los obispos. La verdadera pregunta es: ¿tendrá el valor político de hacer lo que ellos exigen?

Porque justicia sin privilegios no es un lema religioso. Es una deuda pendiente con la República Dominicana.