Estado en deuda, justicia muda y poder sin frenos

Buenos días…

El Ministerio Público tiene la obligación —no la opción— de actuar con seriedad en el caso SENASA y procesar a todos los involucrados, sin maquillaje ni excepciones. Ese mal no es nuevo, es endémico, y viene carcomiendo al Estado dominicano desde hace décadas, desde los tiempos de Joaquín Balaguer (1966-1978) hasta hoy, pasando gobiernos y colores sin que nadie rompa el ciclo.

Y sí, Estados Unidos, con Donald Trump al frente, debe mantenerse vigilante frente al crimen organizado, la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Caiga quien caiga y duélale a quien le duela. Porque cuando aquí el sistema se protege a sí mismo, alguien tiene que mirar desde fuera.

Ahora bien, el Ministerio Público, que de independiente tiene poco —y ese cuento nunca nos lo hemos tragado— también debe actuar contra las ejecuciones policiales. Callar es complicidad por omisión. Esto no es Gaza. Vivimos criticando las supuestas ejecuciones en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, pero aquí, cuando casi 200 personas murieron en “intercambios de disparos” solo en 2025, con estadísticas maquilladas, nadie dice ni pío.

Más temprano que tarde, la procuradora Yeni Berenice Reynoso tendrá que explicarle al país por qué no se ha procesado a los responsables del asesinato de cinco jóvenes en La Barranquita, Santiago, ni el de dos militares y un agente de la DNCD, apresados vivos y luego ejecutados en una cabaña del 12 de Haina, el 29 de diciembre de 2023, hace ya más de dos años.

De esos casos, silencio total. Y lo más grave es que circula la información de que la procuradora estaría promoviendo al general Matos Pérez, jefe de la DICRIM, una dependencia marcada por decenas de muertes en supuestos enfrentamientos, con la tolerancia del Ministerio Público y el mutismo del Ministerio de Salud Pública. Vaya, vaya, pero que maravilla.

Y ya que hablamos de la Policía Nacional, el presidente Luis Abinader —al igual que hizo Danilo Medina en su momento— ha pisoteado la Ley Orgánica de la institución, mientras premia la corrupción interna, con pruebas que sobran. Y aun así hablan de cambio, transparencia, institucionalidad y lucha contra la impunidad. Vergüenza ajena.

En Santo Domingo Este, la Carretera Mella está huérfana, destrozada, llena de hoyos y convertida en un infierno vial. El caos mete miedo. Y el alcalde Dío Astacio habla bonito en medios y redes, pero su gestión hiede a improvisación y fracaso. En un año y ocho meses, no tiene nada que exhibir, y para colmo, el año arranca con basura en los barrios.

Los políticos dominicanos también deberían hacer una pausa y pronunciarse sobre los crímenes de Israel en Gaza, sobre la hambruna inducida, los miles de niños muertos, un crimen de lesa humanidad sin justificación posible. Nadie con un mínimo de conciencia puede defender esas masacres.

Por otro lado, el director del CEA y de Bienes Nacionales debe actuar con firmeza para desalojar a los invasores de terrenos que esas instituciones vendieron legalmente a ciudadanos. Hay dominicanos en el exterior que pagaron solares y hoy sus propiedades están ocupadas por delincuentes, sin que el Estado los defienda.

En los últimos días, además, resulta alarmante la cantidad de motocicletas circulando por túneles y elevados, sin control, sin autoridad y sin consecuencias.

Ciertamente, como lo dijo un poderoso en la pasada campaña política: las motocicletas son una plaga, que están llenando de luto decenas de hogares. 

Y para cerrar…

Nos informan que se pueden contar con una mano —y sobran dedos— los oficiales que han sido recomendados al presidente Abinader para dirigir la Policía Nacional, que no huelan a corrupción. Algunos incluso han sido mencionados hasta en escándalos  de narcotráfico.

El presidente debe investigar a fondo los perfiles de todos los generales y escoger al más honesto, sin cola que le pisen y con capacidad real. A menos, claro, que prefiera seguir jugando ajedrez con fichas malas, y después fingir sorpresa cuando le hagan jaque mate.