Cuestionan decisión judicial en caso Wendy Santos Berroa y alertan sobre riesgos a la seguridad jurídica
Abogado denuncia irregularidades en resolución de la Suprema Corte y advierte posible impacto en el sistema financiero
SANTO DOMINGO, R.D.
El abogado Manuel Ramón Vásquez Perrotta, representante legal de Wendy Santos Berroa, denunció públicamente lo que considera serias irregularidades en el manejo judicial del proceso que enfrenta a su clienta con las empresas Agua Planeta Azul, S.A. y Loganville, S.A., advirtiendo que el caso podría sentar un precedente negativo para la seguridad jurídica y el sistema financiero nacional.
Según explicó el jurista, tras más de cinco años de litigios, el proceso ha derivado en una Resolución de Suspensión de Ejecución de Sentencia núm. 16, correspondiente al expediente 1532-2020-ECON-00256, emitida el pasado 20 de enero de 2026 desde el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña.
Vásquez Perrotta sostuvo que dicha resolución presenta inconsistencias sustanciales y, a su juicio, contradice los principios de seguridad jurídica promovidos por el propio presidente del alto tribunal en escenarios públicos recientes. Señaló que la decisión no tomó en cuenta los argumentos de la parte demandante y podría anticipar un fallo adverso en un segundo recurso de casación que, según afirma, sería jurídicamente inadmisible conforme a la Ley de Casación.
El abogado expresó especial preocupación por el hecho de que la resolución se sustente, presuntamente, en una auditoría privada realizada sin orden judicial, sin control de tribunal alguno y financiada por la parte demandada. Indicó que dicha auditoría habría sido utilizada para desconocer una deuda previamente reconocida en un contrato firmado, sellado y legalizado por ambas partes.
De acuerdo con el jurista, validar este tipo de pruebas por encima de contratos formales podría abrir la puerta para que deudores del sistema bancario o financiero eludan sus compromisos mediante auditorías privadas realizadas a conveniencia, lo que representaría un riesgo grave para la estabilidad del crédito y la confianza en el sistema económico nacional.
Vásquez Perrotta recordó que tanto el tribunal de primer grado como la corte de segundo grado y la Primera Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia habían fallado previamente a favor de su representada, acumulando más de 150 páginas de decisiones judiciales que respaldan la existencia y validez del crédito reclamado.
Asimismo, llamó la atención sobre la situación financiera de una de las empresas involucradas, señalando que, pese a participar en negociaciones por montos elevados, los embargos conservatorios practicados habrían revelado una capacidad económica limitada, lo que genera dudas sobre su solvencia y cumplimiento de obligaciones.
El abogado informó que la situación ha sido puesta en conocimiento de la ciudadanía con el objetivo de promover la vigilancia pública del caso y exhortó a personas o entidades que hayan enfrentado situaciones similares con estas empresas a compartir sus experiencias.
Finalmente, expresó su confianza en que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia actúen conforme a la ley y al debido proceso, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los contratos en la República Dominicana.
