Duarte, Sánchez y Mella, desde el Altar de la Patria, sufren por este desastre
¡Cógelo, Picante! El patriarca ganó la batalla; el hombre cuestionado por auditoría ahora dirige la Policía… ¿y qué dirá la embajadora de EE. UU.?
Buenos días…
Otorgarle a un cuestionado funcionario la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es, por lo menos, una contradicción histórica.
Cuando las decisiones públicas contradicen el discurso de honor, transparencia y respeto institucional, es inevitable que muchos sientan que se ofende el legado de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. El Altar de la Patria no es solo mármol y silencio, es símbolo de sacrificio, coherencia y compromiso con la República. Por eso, cuando el país presencia decisiones que generan dudas éticas o aparentes contradicciones entre discurso y práctica, la indignación no es teatral… es histórica.
Con el ascenso a mayor general de Andrés Cruz Cruz y su designación como director de la Policía Nacional, la llamada reforma policial recibe un golpe político fuerte. La percepción pública importa. Y cuando hay antecedentes de auditorías con señalamientos, la confianza ciudadana no se fortalece: se resquebraja.
Hablar de transparencia y lucha contra la impunidad exige coherencia. Si el discurso oficial va por un lado y las decisiones administrativas por otro, la narrativa se cae sola. La gente no es tonta. Y en la Policía Nacional, anoche el comentario obligado era otro: que con la designación de Cruz Cruz, el presidente Luis Abinader estaría intentando bajar el volumen a los escándalos atribuidos a la gestión de Ramón Antonio Guzmán Peralta y su equipo.
El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, enfrenta un desgaste evidente en la opinión pública. El malestar no siempre se mide en encuestas. Se siente en la conversación cotidiana.
Un lector, agrónomo de profesión, lo resume así: Dos gremios golpeados, con dirigencias alineadas al poder y bases desencantadas. Señaló al HAMPA, perdón al AMPA —Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos— cuestionando que su misión de defender al productor y al profesional agrícola parece diluirse en la política. Su crítica, dura pero válida en el debate democrático, apunta a la desconexión entre cúpulas y membresía.
Lo mismo ocurre, según múltiples voces, con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Por ley, asesor del Estado. En la práctica, dicen algunos miembros, demasiado cercano al poder de turno y distante de sus colegiados. Son denuncias públicas que merecen respuestas institucionales, no silencio.
Mientras tanto, en la región, el Ministerio Público de Perú abre investigaciones preliminares contra el destituido presidente interino José Jerí, por presunto tráfico de influencias. América Latina entera parece atrapada entre escándalos, sospechas y crisis de credibilidad. Nadie está vacunado contra la desconfianza ciudadana. En la República Dominicana, la crisis de credibilidad ha roto todos los parámetros. Nadie confía ya en sus autoridades. Qué lamentable.
En el plano local, suenan movimientos internos. Se comenta sobre decretos pendientes que incluirían al presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Versiones van y vienen: Cancillería, objeciones diplomáticas, reajustes estratégicos. Hasta ahora, nada oficial. Pero cuando los rumores son constantes, algo se mueve.
También está el tema de los radares adquiridos por casi 40 millones de dólares para reforzar la lucha antidrogas. La pregunta persiste: ¿están plenamente en operativos? ¿Dónde están? En materia de seguridad, la transparencia no es opcional; es obligatoria.
Tras las revelaciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, que pusieron bajo la lupa el accionar de la DEA en República Dominicana, el caso terminó con la suspensión y sometimiento a la justicia de Melitón Cordero, dominicano oriundo de San Francisco de Macorís y supervisor del organismo, además de la salida de los agentes destacados en el país. Ahora la pregunta obligada es qué impacto tendrá todo esto en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ¿Se producirán cambios internos? ¿Se mantendrá en el cargo su presidente, José Manuel Cabrera Ulloa?
Las improvisaciones nunca terminan bien. Y viene al caso porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró hace poco que la justicia dominicana había avanzado tanto que ya no existían atrasos en el conocimiento de los casos. Pero ahora cambia el libreto y, sin rubor, habla de colapso del sistema judicial. Entonces, magistrado, ¿cuál versión es la oficial? ¿La del sistema modelo sin mora o la del sistema desbordado? Porque no pueden convivir ambas realidades al mismo tiempo.
Cuando el discurso se contradice, la credibilidad se desploma. Y al final, la gente concluye lo que siempre sospecha: la política, compai… la política.
La política no es solo poder. Es credibilidad. Y cuando la credibilidad se fractura, ni Duarte, ni Sánchez, ni Mella alcanzan para sostener el altar.
