Buenos dÃas…
Otorgarle a un cuestionado funcionario la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es, por lo menos, una contradicción histórica.
Cuando las decisiones públicas contradicen el discurso de honor, transparencia y respeto institucional, es inevitable que muchos sientan que se ofende el legado de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón MatÃas Mella. El Altar de la Patria no es solo mármol y silencio, es sÃmbolo de sacrificio, coherencia y compromiso con la República. Por eso, cuando el paÃs presencia decisiones que generan dudas éticas o aparentes contradicciones entre discurso y práctica, la indignación no es teatral… es histórica.
Con el ascenso a mayor general de Andrés Cruz Cruz y su designación como director de la PolicÃa Nacional, la llamada reforma policial recibe un golpe polÃtico fuerte. La percepción pública importa. Y cuando hay antecedentes de auditorÃas con señalamientos, la confianza ciudadana no se fortalece: se resquebraja.
Hablar de transparencia y lucha contra la impunidad exige coherencia. Si el discurso oficial va por un lado y las decisiones administrativas por otro, la narrativa se cae sola. La gente no es tonta. Y en la PolicÃa Nacional, anoche el comentario obligado era otro: que con la designación de Cruz Cruz, el presidente Luis Abinader estarÃa intentando bajar el volumen a los escándalos atribuidos a la gestión de Ramón Antonio Guzmán Peralta y su equipo.

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, enfrenta un desgaste evidente en la opinión pública. El malestar no siempre se mide en encuestas. Se siente en la conversación cotidiana.
Un lector, agrónomo de profesión, lo resume asÃ: Dos gremios golpeados, con dirigencias alineadas al poder y bases desencantadas. Señaló al HAMPA, perdón al AMPA —Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos— cuestionando que su misión de defender al productor y al profesional agrÃcola parece diluirse en la polÃtica. Su crÃtica, dura pero válida en el debate democrático, apunta a la desconexión entre cúpulas y membresÃa.
Lo mismo ocurre, según múltiples voces, con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA). Por ley, asesor del Estado. En la práctica, dicen algunos miembros, demasiado cercano al poder de turno y distante de sus colegiados. Son denuncias públicas que merecen respuestas institucionales, no silencio.
Mientras tanto, en la región, el Ministerio Público de Perú abre investigaciones preliminares contra el destituido presidente interino José JerÃ, por presunto tráfico de influencias. América Latina entera parece atrapada entre escándalos, sospechas y crisis de credibilidad. Nadie está vacunado contra la desconfianza ciudadana. En la República Dominicana, la crisis de credibilidad ha roto todos los parámetros. Nadie confÃa ya en sus autoridades. Qué lamentable.
En el plano local, suenan movimientos internos. Se comenta sobre decretos pendientes que incluirÃan al presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Versiones van y vienen: CancillerÃa, objeciones diplomáticas, reajustes estratégicos. Hasta ahora, nada oficial. Pero cuando los rumores son constantes, algo se mueve.
También está el tema de los radares adquiridos por casi 40 millones de dólares para reforzar la lucha antidrogas. La pregunta persiste: ¿están plenamente en operativos? ¿Dónde están? En materia de seguridad, la transparencia no es opcional; es obligatoria.
Tras las revelaciones de la embajadora de Estados Unidos en el paÃs, Leah Campos, que pusieron bajo la lupa el accionar de la DEA en República Dominicana, el caso terminó con la suspensión y sometimiento a la justicia de Melitón Cordero, dominicano oriundo de San Francisco de MacorÃs y supervisor del organismo, además de la salida de los agentes destacados en el paÃs. Ahora la pregunta obligada es qué impacto tendrá todo esto en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ¿Se producirán cambios internos? ¿Se mantendrá en el cargo su presidente, José Manuel Cabrera Ulloa?
