En Sierra Prieta, Yamasá, denuncian acoso, persecución y amenazas atribuidas a diputado del PRM
Gravísimo: Mujer asegura que producto de los maltratos recibidos sufrió la pérdida de un embarazo
Por Diógenes Ozuna
SIERRA PRIETA, Yamasá, R.D.
Comunitarios de esta localidad denunciaron este lunes ser víctimas de acoso, persecución y amenazas de muerte que atribuyen al diputado Luis Castillo, a raíz de un conflicto por terrenos que, aseguran, son de su legítima propiedad.
La señora Lorenza Nivar Martínez relató que el último incidente ocurrió la pasada semana, alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando, según su denuncia, el legislador llegó acompañado de un grupo de hombres armados y con los rostros cubiertos, quienes la sacaron por la fuerza de su vivienda y la agredieron físicamente.
Luis Castillo es diputado, representante de la provincia Elías Piña y pertenece al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Martínez afirmó que, producto de los maltratos recibidos, sufrió graves consecuencias de salud que derivaron en la pérdida de un embarazo, situación que expuso públicamente en un video difundido en redes sociales.
Ante estos hechos, la denunciante hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República y a las autoridades competentes para que intervengan y detengan lo que calificó como una escalada de violencia en su contra.
Por su parte, el comunitario Ramón García Paulino solicitó la intervención directa del presidente de la República, advirtiendo que la situación podría desembocar en un derramamiento de sangre.
Aseguró que cada vez que el diputado Castillo se presenta en la zona lo hace acompañado de hombres armados, lo que mantiene en constante zozobra a las familias del lugar.
Asimismo, Paulino de la Cruz, quien se identificó como heredero legítimo de los terrenos en disputa, mostró documentos que —según afirmó— avalan su derecho de propiedad.
Denunció que ha sido objeto de hostigamiento y desalojos forzosos ejecutados por personas armadas, sin la presencia ni el acompañamiento de las autoridades policiales, sino únicamente por individuos a los que calificó como antisociales.
En respaldo a los comunitarios, Diógenes Ozuna, dirigente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, solicitó formalmente a la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, la situación y la asignación de protección inmediata para las familias afectadas, al considerar que sus vidas corren peligro.
Ozuna también demandó la apertura de una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados y advirtió que, de no obtener una respuesta concreta de las autoridades, los comunitarios se movilizarán en marcha hacia el Palacio Nacional para exigir justicia y garantías de seguridad.
