¡Horror ambiental! Piden a Abinader frenar uso de río como carretera en San Cristóbal

CAMBITA-El Pueblecito, San Cristóbal.

El alcalde del distrito municipal de Cambita–El Pueblecito, Javier Garabitos, junto a dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y autoridades locales, solicitó la intervención directa del presidente de la República, Luis Abinader, ante la construcción de una carretera dentro del cauce de un río de la zona, utilizada para el transporte de sedimentos extraídos de la presa de Valdesia.

Según denunciaron, la obra —habilitada para el tránsito de camiones pesados por más de seis kilómetros dentro del lecho del río— está secando tramos del afluente, poniendo en riesgo decenas de viviendas y amenazando las principales fuentes de agua que abastecen a varias comunidades del distrito.

Durante un recorrido de inspección por el área intervenida, el alcalde Garabitos documentó los daños visibles y advirtió que tanto la limpieza del embalse de Valdesia (sector Muchas Aguas) como la forma en que se está ejecutando el traslado de los sedimentos están generando un impacto ambiental severo e inmediato.

“En mi condición de alcalde, hago un llamado al presidente de la República para que venga personalmente y compruebe lo que está ocurriendo aquí. Han construido más de seis kilómetros de carretera dentro del cauce del río”, expresó Garabitos mientras señalaba los tramos afectados.

El funcionario fue enfático en aclarar que las comunidades no se oponen a la limpieza de la presa, pero sí rechazan la manera en que se está realizando el transporte del material extraído.

“Aquí nadie está en contra de que se retiren los sedimentos del embalse. Lo que no podemos aceptar es que se destruya un río y se ponga en peligro a todo un pueblo para habilitar una ruta de camiones”, sostuvo.

Durante el recorrido, el alcalde mostró varias viviendas ubicadas a escasos metros del cauce alterado y alertó sobre el peligro que esto representa en caso de crecidas.

“Están poniendo en riesgo estas casas. Desde que el río aumente su caudal, se las puede llevar. No hay protección alguna. El río fue encajonado en una esquina solo para permitir el paso libre de los camiones”, denunció.

Garabitos explicó que la vía improvisada es utilizada a diario por camiones que transportan arena y otros sedimentos, los cuales —según indicó— son depositados en terrenos privados para su posterior comercialización.

“Para beneficiar a unos pocos están poniendo en peligro a comunidades enteras. Aquí existen al menos seis pozos que dependen directamente del río”, advirtió.

Las denuncias fueron respaldadas por dirigentes comunitarios de distintas filiaciones políticas. Roque Lara, presidente de la Junta de Vecinos de La Guama y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que la intervención ha provocado una depredación significativa del entorno.

“Se están tumbando árboles y construyendo una carretera dentro del río, poniendo en peligro casas como las del barrio Simón Bolívar”, afirmó.

En la misma línea se expresó José García de los Santos, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos del distrito municipal, quien denunció que los trabajos comenzaron sin previo aviso a la población.

“Esto inició el 21 de enero, mientras el pueblo celebraba el Día de la Virgen de la Altagracia. Vinieron a escondidas. Lo que están haciendo es totalmente ilegal. Nuestros pozos están a la orilla del río y se están secando. Las evidencias son claras”, sostuvo.

García de los Santos señaló que el paso constante de maquinaria pesada ha alterado de forma visible el flujo del agua.

“Ustedes pueden ver cómo el río tenía agua y cómo, después del paso de los tractores, se seca completamente. El daño está ocurriendo ahora mismo”, afirmó.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de la alcaldesa pedánea del barrio Simón Bolívar, Marcelina de Rosario, quien expresó su preocupación por la seguridad de los residentes.

“Miren como quedaron esas casas, en peligro total. Si continúan con esta explotación, se pierde el barrio entero. Las comunidades merecen respeto”, manifestó visiblemente indignada.

“Estamos empoderados y no vamos a permitir que destruyan nuestro barrio. Somos parte de este país y tenemos derechos. Defenderemos nuestra comunidad a cualquier costo”, agregó.

Al recorrido se sumaron decenas de presidentes de juntas de vecinos, líderes comunitarios y representantes locales, quienes coincidieron en que el actual esquema de transporte de sedimentos representa un riesgo ambiental, social y humano que requiere atención inmediata del Gobierno central.

Las autoridades locales reiteraron su llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una revisión urgente de los trabajos, se detenga el uso del cauce del río como vía de transporte y se establezcan rutas alternativas que no comprometan la seguridad de las comunidades ni la sostenibilidad de las fuentes de agua.