La ley no es relajo
El Estado cuenta con todo el andamiaje institucional para manejar los problemas que se presentan en cualquier sociedad organizada.
Existe un Poder Legislativo para aprobar las leyes, un Poder Ejecutivo para ponerlas en marcha y un Poder Judicial para sancionar a quienes las violen.
Además, el Estado dispone de cuerpos legalmente facultados para hacer cumplir la ley, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y la Dirección Nacional de Control de Drogas, frente a cualquiera que pretenda salirse con las suyas.
El tema migratorio es una competencia exclusiva de la Dirección General de Migración. Ningún individuo, grupo u organización privada puede atribuirse la potestad de apresar, desalojar o expulsar personas, aun cuando se presuma que se encuentren en condición migratoria irregular.
En ese contexto, lo expresado por la Antigua Orden Dominicana constituye una provocación y una extralimitación de funciones. No les corresponde actuar como autoridad.
Sus miembros tienen pleno derecho a opinar, denunciar y exigir políticas migratorias claras y eficaces, pero no a ejecutar acciones coercitivas que solo competen al Estado.
En una democracia, la ley se respeta o se rompe. Y cuando se rompe, las consecuencias no son simbólicas.
