Marino Elsevyf alerta: la justicia dominicana opera bajo un “feudalismo judicial”

Mientras el presidente de la Suprema Corte propone más acuerdos penales para descongestionar tribunales, el jurista Marino Elsevyf advierte que el verdadero problema es un “feudalismo judicial”, el abuso de la prisión preventiva y expedientes voluminosos que terminan en impunidad.

Por Tomás Aquino G.

SANTO DOMINGO, R.D.

“No es posible resolver los casos penales de la República Dominicana con juicios de fondo. Si no se producen acuerdos… el sistema no va a colapsar, ya colapsó”.

Con esta afirmación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina Peña, encendió el debate nacional al plantear que la salida a la crisis penal pasa por un cambio cultural que favorezca los acuerdos procesales para concluir conflictos.

Según explicó el magistrado, la solución no radica en más tecnología o infraestructura, sino en transformar la cultura organizacional, los procedimientos y la ética de los actores del sistema.

“No tiene que ver con tecnología, infraestructura; es el cambio de una cultura organizacional, de procedimiento, de ética de los actores procesales. Ese es el camino y la solución”, subrayó.

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de cuestionamientos.

Un sistema feudal

Consultado sobre estas declaraciones, el veterano jurista dominicano Marino Elsevyf afirmó que el problema de fondo no es procesal, sino estructural.

Elsevyf sostiene que la justicia dominicana opera en muchos aspectos como un sistema “feudal”, donde intereses políticos, económicos o de grupos de influencia determinan el acceso y las decisiones judiciales por encima de criterios estrictamente jurídicos.

Este “feudalismo judicial”, explica, implica que la justicia no es uniforme ni equitativa, sino permeable a presiones de sectores privilegiados.

Para el jurista, cualquier reforma que no ataque esas estructuras de poder terminará reproduciendo las mismas desigualdades, sin importar que se privilegien acuerdos en lugar de juicios ordinarios.

Prisión preventiva: la regla, no la excepción

Elsevyf también ha denunciado reiteradamente el uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público.

Según sus declaraciones, alrededor del 80 % de la población penitenciaria dominicana está compuesta por presos preventivos sin condena definitiva, resultado de procesos que no se resuelven en tiempo oportuno.

Este fenómeno —advierte— no solo refleja mora judicial, sino un uso desproporcionado de la coerción estatal que vulnera la presunción de inocencia.

Una población preventiva tan elevada evidencia, a su juicio, que el sistema falla en garantizar los derechos fundamentales básicos.

Cárceles saturadas y condiciones indignas

El jurista también ha señalado que el sistema penitenciario dominicano está sobrepoblado y que numerosos internos duermen en el suelo por falta de espacio e infraestructura adecuada.

Estas condiciones —que han sido objeto de diagnósticos previos por organismos de defensa pública— constituyen, según Elsevyf, violaciones directas a la Constitución y a tratados internacionales de derechos humanos.

¿Acuerdos procesales: solución real o paliativo?

Ante la propuesta del presidente de la Suprema Corte de ampliar el uso de acuerdos para descongestionar el sistema, Elsevyf considera que estos mecanismos no deben convertirse en un fin en sí mismo ni en un recurso para encubrir deficiencias estructurales.

Antes de privilegiarlos, plantea que deben corregirse problemas esenciales:

• El uso excesivo de la prisión preventiva.

• La falta de control jurisdiccional efectivo sobre las actuaciones del Ministerio Público.

• La práctica de difundir informaciones mediáticas anticipadas que afectan la presunción de inocencia.

Si estas causas no se corrigen, sostiene, los acuerdos solo trasladarán el problema a otra etapa procesal sin garantizar justicia verdadera.

Expedientes voluminosos y riesgo de impunidad

Elsevyf recordó que al inicio de las grandes persecuciones penales durante el gobierno del presidente Luis Abinader, la Procuraduría General de la República presentó expedientes de hasta 12,000 páginas, acompañados de amplios resúmenes y estrategias de comunicación pública.

Sin embargo, advirtió que muchos de esos casos podrían extinguirse por vencimiento de plazos procesales, lo que convertiría expedientes voluminosos en procesos inútiles.

Según explicó, la acción pública está sujeta a un plazo de tres años, y si no se concluye dentro de ese tiempo, el proceso puede extinguirse, generando impunidad.

Elsevyf calificó esta situación como un fracaso del Ministerio Público en el ejercicio del monopolio de la acción penal, señalando que la elaboración de expedientes excesivamente extensos no necesariamente garantiza resultados efectivos.

Asimismo, cuestionó acuerdos económicos alcanzados en algunos procesos, que implicaron devoluciones millonarias —de hasta 3,000, 1,000 y 6,000 millones de pesos en distintos casos— y sostuvo que la Procuraduría deberá rendir cuentas sobre cómo se estructuraron esos acuerdos y cuál ha sido el destino de esos recursos.

Una crisis estructural

Para Elsevyf, la crisis penal dominicana no se resolverá únicamente promoviendo acuerdos procesales o reduciendo la carga estadística de los tribunales.

El problema, insiste, es integral y pasa por:

• La influencia de poderes externos en decisiones judiciales.
• El uso arbitrario de la prisión preventiva.
• Las condiciones indignas de reclusión.
• La falta de control sobre la acción del Ministerio Público.
• Una cultura mediática que convierte la acusación en condena anticipada.

“La mora no ocurre solo por exceso de procesos, sino porque no se manejan con eficacia, racionalidad y respeto a los tiempos legales”, concluye.

En su visión, una justicia que administra cifras, pero ignora derechos fundamentales, no puede considerarse una justicia plena.