Portazo de Washington demuestra que EE. UU. está al acecho de lo ilícito

SANTO DOMINGO, R.D.

Washington decidió hablar sin intermediarios y sin diplomacia maquillada.

El cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana no es un simple ajuste administrativo, es una señal de alerta máxima, un golpe directo a la mesa y una advertencia inequívoca de que los Estados Unidos están vigilando, anotando y listos para actuar frente a cualquier indicio de corrupción o vínculos con actividades ilícitas.

Tal como había adelantado este digital, en la Casa Blanca no creen en excusas caribeñas ni en promesas de reformas eternas.

La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que su línea es una sola: tolerancia cero frente a la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y la narcopolítica, sin importar rangos, apellidos o cargos.

La embajadora estadounidense en el país, Leah Francis Campos, fue categórica. Su mensaje no dejó espacio para interpretaciones ni dobles lecturas.

En una publicación difundida a través de la cuenta oficial de la embajada en la red social X, Campos dejó claro que no permitirá ni siquiera la percepción de corrupción bajo su jurisdicción diplomática.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”.

El mensaje fue tan directo como incómodo. Alguien falló. Y Washington tomó nota.

Un Estado bajo sospecha y advertencias ignoradas

Fuentes estadounidenses han reiterado que la corrupción se ha enquistado en instituciones clave de seguridad del Estado dominicano, particularmente en la Policía Nacional y en organismos de inteligencia. No se trata de rumores: auditorías internas detectaron irregularidades millonarias, pero el gobierno dominicano optó por mirar hacia otro lado.

Este digital reveló que cuatro de seis auditorías realizadas a la Policía Nacional arrojaron hallazgos comprometedores. Sin embargo, lejos de sanciones ejemplares, algunos de los responsables fueron promovidos o ascendidos, mientras que el oficial que lideró dichas auditorías terminó en retiro, una decisión atribuida directamente al presidente Luis Abinader, que parece lo sorprendieron para tomar tal decisión.

En Washington, ese tipo de señales no pasan desapercibidas. Se interpretan como encubrimiento.

Una fuente de alto nivel de la delegación estadounidense confirmó a este medio que la embajadora Campos sigue de cerca cada movimiento interno de la Policía Nacional. “Nada se mueve sin que lo sepamos”, fue la frase utilizada.

Nombramientos cuestionados y malestar interno

El clima dentro de la Policía Nacional es de inquietud y descontento ante la posible designación del general Andrés Cruz Cruz como nuevo jefe de la institución, una recomendación que, según fuentes internas, habría salido del entorno del hermano del presidente, José Abinader.

Oficiales generales consultados por este digital aseguran que Cruz Cruz no reúne las condiciones morales ni técnicas para ocupar el cargo. Recuerdan que su gestión en el Hospital Docente de la Policía Nacional terminó marcada por señalamientos de corrupción, y que su carrera fue impulsada más por lealtades políticas que por resultados profesionales.

Lo vinculan además con el exministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, figura clave del pasado gobierno del PLD, lo que refuerza las dudas sobre la verdadera voluntad de reforma institucional.

Una embajadora sin anestesia y un reloj en cuenta regresiva

Leah Francis Campos llegó a Santo Domingo con fama de implacable, y ya dejó claro que no vino a ser espectadora. Su historial habla de decisiones duras, cero contemplaciones y acciones concretas frente a redes de corrupción y narcotráfico.

El cierre de la DEA es un acto de presión, pero también una advertencia de lo que podría venir: sanciones, cancelación de cooperación, retiro de visas y señalamientos públicos.

El mensaje es claro y brutal:
Estados Unidos está al acecho de lo ilícito. Observa, documenta y actúa.

Ahora le toca responder al Gobierno dominicano.
Porque cuando Washington da un portazo, nunca es por casualidad.