Por Tomás Aquino G.

La historia reciente del continente ha demostrado que el narcotráfico no es únicamente un negocio criminal: es una estructura de poder que penetra gobiernos, financia campañas, compra silencios y corrompe instituciones.

Frente a esa realidad, la política de mano firme impulsada por el presidente Donald Trump merece un respaldo claro y sin ambigüedades.

La lucha no puede limitarse a capturar traficantes en altamar o desmantelar laboratorios clandestinos. El verdadero desafío está en desmontar la red de protección política, empresarial y militar que permite que el narcotráfico prospere.

Y en ese punto, la administración Trump ha sido categórica: quien participe, proteja o se beneficie del crimen organizado debe enfrentar consecuencias.

Que caigan todos

No importa si se trata de funcionarios actuales, exfuncionarios o figuras que ocuparon cargos “anteayer”. La corrupción vinculada al narcotráfico no distingue tiempos ni banderas partidarias.

Si existen indicios de enriquecimiento ilícito, financiamiento irregular de campañas o protección institucional a redes criminales, las investigaciones deben avanzar sin contemplaciones.

Estados Unidos dispone de mecanismos legítimos para presionar y sancionar: cancelación de visados, restricciones financieras, inclusión en listas de vigilancia y cooperación judicial reforzada.

Estas medidas deben aplicarse sin excepción a civiles y militares señalados por corrupción o por acumulación de fortunas inexplicables.

El mensaje debe ser claro: ningún cargo otorga inmunidad moral ni política.

República Dominicana y el desafío institucional

En República Dominicana, las denuncias sobre corrupción y vínculos con estructuras ilícitas han generado preocupación ciudadana.

Cuando el Ministerio Público no actúa con la contundencia necesaria y el propio liderazgo del Poder Judicial reconoce debilidades estructurales, la percepción de impunidad se profundiza.

En esos contextos, la presión internacional puede convertirse en un factor de equilibrio. La cancelación de visados y la vigilancia financiera sobre funcionarios señalados no constituyen injerencia indebida, sino herramientas diplomáticas frente a problemas transnacionales como el narcotráfico y el lavado de activos.

Una política sin retrocesos

Respaldar la ofensiva del presidente Trump significa respaldar la idea de que el crimen organizado no puede seguir infiltrando Estados soberanos. Significa apoyar que los corruptos —de ayer, de hoy y de antes de ayer— rindan cuentas. Y significa comprender que el narcotráfico es una amenaza hemisférica que exige decisiones firmes.

La región necesita señales claras y coherentes. Si se protege a los poderosos mientras se castiga a los eslabones débiles, la guerra contra el narco estará perdida de antemano.

Ahora bien, rechazamos cualquier intento —venga de donde venga— de vulnerar la soberanía de las naciones, pues es el pueblo quien tiene el derecho exclusivo de quitar y poner gobiernos mediante procesos democráticos.

Ese principio no debe confundirse con tolerancia a la impunidad. Por tanto, Estados Unidos debe mantenerse vigilante para que en ese “quita y pone” no intervenga el dinero criminal del narcotráfico convertido en poder político, una realidad que ha dejado señales preocupantes en República Dominicana y en otros países de la región.

El combate debe ser integral.

Y debe continuar, sin titubeos.