Denuncian ‘justicia a puertas cerradas’ en caso Nelson Gutiérrez
El ‘delito’ de comunicador: hacer pública una auditoría policial que revela irregularidades en la DIGESETT en gestión de Guzmán Peralta

SANTO DOMINGO, R.D.
El abogado Wilson Guerrero denunció este lunes presuntas violaciones al debido proceso en el caso del abogado, periodista y activista de derechos humanos Nelson Gutiérrez, a raíz de la querella interpuesta por el exdirector de la Policía Nacional, mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Según Guerrero, su defendido ha sido acusado de supuesta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, tras hacer pública una auditoría realizada por la propia Policía Nacional por instrucciones del presidente de la República.
Dicha auditoría, de acuerdo con el jurista, revela un presunto desfalco de aproximadamente 421 millones de pesos durante la gestión de Guzmán Peralta al frente de la DIGESETT, lo que —a su juicio— hace injustificada la acción legal contra Gutiérrez.
“Es la primera vez que veo a un juez y a un querellante reunirse a puertas cerradas para deliberar y tomar una decisión contra un imputado”, expresó Guerrero, al denunciar supuestas irregularidades en el proceso.
El abogado sostuvo que la magistrada actuante habría incurrido en prácticas indebidas, en aparente coordinación con el querellante y su defensa, con el objetivo de “fabricar una condena” contra Gutiérrez.
Asimismo, advirtió que se pretende ejecutar una sanción sustentada en el artículo 230 del Código Procesal Penal sin que se haya dado lectura previa a la decisión, lo que calificó como una grave violación a las garantías procesales. La lectura del fallo fue fijada para el próximo 26 de marzo.
En ese contexto, Guerrero afirmó que la actuación de la magistrada Patricia Padilla constituye una extralimitación de funciones, así como un abuso de poder que atenta contra los principios de libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la República Dominicana.
También cuestionó las medidas de coerción impuestas a Gutiérrez —garantía económica de 500,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país—, así como la presentación periódica dictada contra Joan René Santana, al considerar que reflejan una postura complaciente frente al querellante.
Guerrero forma parte de la barra de defensa de Nelson Gutiérrez, junto a los juristas Rigoberto Rosario y Felicia Carrasco.
La denuncia

Nelson Gutiérrez, director ejecutivo nacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU), dio a conocer una auditoría practicada a Guzmán Peralta durante su gestión en la DIGESETT.
Dicha auditoría fue ordenada por el presidente de la República en su discurso ante la Asamblea Nacional en febrero de 2023 (páginas 47-48) y ejecutada por la jefatura de la Policía Nacional. El informe habría arrojado un presunto desfalco de 421 millones de pesos por distintos conceptos.
El documento fue remitido al despacho presidencial, al Departamento Anticorrupción de la Procuraduría General de la República y al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Allí, sin embargo, no han dado curso a esa denuncia.



