Gremios periodísticos califican de arbitrarias y abusivas medidas cautelares impuestas por jueza contra Nelson Gutiérrez

SANTO DOMINGO, RD.

Varios gremios e instituciones periodísticas de la República Dominicana cuestionaron la decisión de la jueza presidenta del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien impuso medidas cautelares contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez (Nelson Gutiérrez) y Joan René Santana (El Francotirador), para complacer al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien los acusó de presunta difamación, injuria y calumnia.

Los dirigentes de las instituciones emitieron las declaraciones durante una rueda de prensa este jueves 19 de marzo, en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en la que calificaron la decisión de la magistrada Patricia Padilla como una extralimitación, abuso de poder e intolerancia, además de violatoria de los más elementales principios de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Tras manifestar su posición al respecto, Luis Pérez, presidente del CDP; Gabriel Cruz, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP); Nelson Gutiérrez, presidente del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU); René Polanco, presidente del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión; Olivo De León, coordinador del Movimiento Marcelino Vega (MMV); dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP); Luis Ney Romero, coordinador nacional del Colegio Dominicano de Locutores (CDL), y representantes de la Red de Jóvenes de los Medios de Comunicación (REJMECOM), coincidieron en que no seguirán tolerando este tipo de atropellos.

Consideraron deplorable la actitud complaciente de la magistrada Padilla, quien impuso, como medida de coerción a Gutiérrez, el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país; mientras que contra Joan René Santana la jueza dispuso presentación periódica ante el tribunal.

En tal sentido, Nelson Gutiérrez reiteró que una auditoría realizada por la misma jefatura de la Policía Nacional, a la cual tuvo acceso y de la que se hizo eco, es la que sustenta las anomalías cometidas por Guzmán Peralta, revelando un desfalco de unos 441 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Asimismo, expresó: “En los próximos días daremos a conocer otra auditoría y a un general de la Policía Nacional, de los que están en la trama de trancarme y botar las llaves. También presentaremos otros datos de corrupción de la pasada jefatura de la PN”.

Sin embargo, consideraron arbitrario, abusivo y violatorio de derechos que a Gutiérrez se le obligara a pagar una garantía económica para salir de un arresto preventivo sin que se haya leído la sentencia, prevista para el próximo 22 de marzo de 2026.

Advirtieron que, una vez se lea y notifique la decisión de la jueza Padilla, procederán a apelarla en procura de que sea corregida.

Señalaron que todo esto se originó porque Gutiérrez se hizo eco de los resultados de una auditoría realizada a la gestión de Guzmán Peralta en la DIGESETT, en la que se detectó un desfalco de unos 441 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas, a través de compras, pagos, cajas chicas y contrataciones realizadas sin agotar los procedimientos internos ni contar con los soportes legales correspondientes.

La denuncia formulada por Gutiérrez, basada en la auditoría realizada y ordenada por la Dirección de la Policía Nacional mediante el memorándum 8821, también involucra a los asistentes especiales del hoy jefe policial, el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez.

Explicaron que Gutiérrez, asumiendo una gran responsabilidad, entregó una copia al presidente Luis Abinader y depositó los resultados de la auditoría ante el magistrado Wilson Camacho, procurador general de persecución, así como en la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por la magistrada Mirna Ortiz.