La lucha contra la corrupción y el narcotráfico se convierte en una leyenda

Buenos días.

La lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad en la República Dominicana dejó de ser una política seria para convertirse en un relajo nacional, un discurso vacío y repetido como propaganda.

Aquí se habla mucho, pero se actúa poco. Y lo más grave: mientras se venden supuestos avances, la realidad golpea en la cara a un pueblo que ya no cree en cuentos.

Estados Unidos -y en particular el presidente Donald Trump- debería abrir bien los ojos, porque no se puede seguir respaldando gobiernos que maquillan cifras, mientras la corrupción se recicla con impunidad.

Por eso, organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas han ido perdiendo credibilidad a pasos acelerados. Avalan narrativas oficiales que no resisten el contraste con la realidad. Y en ese descrédito también caen entidades como la FAO o las comisiones de derechos humanos. Los pueblos ya no compran ese libreto: saben perfectamente lo que están viviendo.

Gravísima la denuncia del abogado y periodista Wilson Guerrero: la jueza Patricia Padilla habría sostenido una reunión “a puertas cerradas” con el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y su abogado antes de decidir el caso contra el periodista Nelson Gutiérrez. Si esto se confirma, no es un error… es un escándalo mayúsculo.

La Suprema Corte de Justicia está obligada a investigar y, de ser cierto, sancionar sin contemplaciones. Porque lo que está en juego no es un expediente cualquiera, es la credibilidad del sistema judicial. Y hay que decirlo sin rodeos: lo ocurrido hiede mal. Muy mal. Gutiérrez no inventó nada; divulgó una auditoría oficial que señala un presunto desfalco de más de RD$421 millones en la DIGESETT. Eso no es difamación, es interés público.

Y mientras todo esto ocurre, la procuradora Yeni Berenice Reynoso guarda silencio. Si de verdad existe un Ministerio Público independiente —cosa que muchos dudan— ya debería estar en marcha una investigación seria contra Guzmán Peralta por las irregularidades denunciadas en una auditoría oficial.

La querella lleva meses depositada y no pasa nada. Ni una citación, ni un avance. Nada. ¿Independencia? ¿Transparencia? En los papeles, quizás. En la práctica, lo que se percibe es otra cosa, mirar para otro lado.

El caso del comunicador Ángel Martínez también levanta serias dudas. Una orden de arresto sin lógica, audiencias fijadas a la misma hora en tribunales distintos… eso no es justicia, eso es presión. Eso es jugar a desgastar y silenciar.

Cuando un ciudadano teme por su vida y denuncia vínculos entre poder, narcotráfico y política, lo mínimo que corresponde es investigar, no perseguir. Pero aquí parece que al que habla se le castiga, y al que debe responder… se le protege.

Mientras tanto, los dominicanos en Venezuela viven una tragedia silenciosa. Enfermos, sin empleo, pasando hambre, abandonados a su suerte. Y el Estado dominicano, ausente. El nombramiento de Jaime Marte Martínez como cónsul sigue en el limbo, sin explicación.

Familias enteras claman ayuda, pero nadie responde. Es una vergüenza. Un país que no protege a sus ciudadanos en el exterior pierde autoridad moral para hablar de derechos humanos.

Y como si fuera poco, el costo de la vida sigue subiendo. El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, cuando asumió el cargo en febrero 2026, prometió bajar el precio del pollo… pero ocurrió lo contrario: subió. Entre cuatro y cinco pesos más en supermercados. Y en los colmados y pestos, ni hablar, da miedo y crea temor en los pobres.

Y lo peor aún no llega. Con los combustibles por las nubes, más caros que nunca, con precios históricos… lo que viene por ahí crea pánico: energía, transporte, agua… todo apunta a nuevos y contundentes aumentos.

El discurso oficial dice una cosa, pero el bolsillo del ciudadano dice otra. Y ese, al final, es el termómetro que no falla.

Y no se olviden… En República Dominicana se habla de lucha contra la corrupción, pero lo que se ve es otra cosa: impunidad, silencio selectivo y presión contra quienes denuncian. Cuando la justicia se percibe parcial, la confianza se derrumba. Y cuando el pueblo deja de creer, el problema deja de ser político… y pasa a ser estructural.