RD: Imperio de anarquía y desorden institucional
Verbigracia: las acciones de diversos gobiernos con expropiaciones y declaración de utilidad pública de propiedades privadas, y las negativas a pagarles a sus legítimos dueños.
La imagen de honestidad, seguridad jurídica y respeto a las disposiciones legales que debe garantizar un gobierno democrático es un sueño y una utopía en la República Dominicana.
En los largos 30 años de dictadura del general Rafael Leonidas Trujillo Molina, se cometieron cientos de abusos contra familias propietarias de valiosas propiedades. El Jefe se apoderaba de cualquier finca y ganado de calidad, con la venia o no de sus propietarios. “Algunas desavenencias u oposición” del dueño de una propiedad que a Trujillo le interesaba podían pagarse con la cárcel o la muerte.
Ese gobierno de fuerza realizó una agresiva política de inversión pública: vial, canales, edificaciones públicas y otras acciones para modernizar el país. A su muerte violenta, la República Dominicana tenía activos y estabilidad económica. Trujillo era el dueño de las principales empresas; se puede decir que era el amo y señor de las riquezas (CEA, CORDE, CEAGANA, Corpohotels, aeropuertos, puertos, etc.).
En la llamada era democrática, excluyendo los siete meses del profesor Juan Bosch (1963), Antonio Guzmán (1978-1982), Jorge Blanco (1982-1986) y los últimos años del doctor Balaguer (1986-1996), se conservaron y manejaron con parámetros aceptables de gerencia y gestión administrativa esos bienes públicos.
Vamos a los abusos de poder y la corrupción para que el Estado se apodere de propiedades privadas para uso en proyectos públicos.
En los 12 años de Balaguer, por venganzas políticas y acciones politiqueras, se destruyeron fincas productivas y se masificó una reforma agraria para repoblar nuestros campos. Con escasa inversión, se habla de la “reforma agraria”, quedando nuestro campo diezmado y ocupado por haitianos. El IAD disminuido y los agrónomos desaparecieron. Me dicen que todavía hay deudas con propietarios originales de esas fincas.
Don Antonio Guzmán atacó a la familia Aguayo, productora agrícola y ganadera en San Francisco de Macorís; confiscó casi a la fuerza sus propiedades e hizo un proyecto agrario allí.
Desarrollo urbano
La administración de Balaguer, la más extensa, desde 1966 inició un proceso masivo de construcciones: barrios, escuelas, hospitales, canales de regadío, vías de comunicación, aeropuertos, puertos, etc.
Llegó el progreso y el saneamiento, con buenas construcciones en las principales ciudades. El Gran Santo Domingo (nuestra capital) recibió ese gran impulso. Se hicieron expropiaciones y declaraciones de utilidad pública, por decreto presidencial, de terrenos de gran valor.
Las familias afectadas nunca fueron compensadas ni resarcidas, a pesar de sus reclamos como legítimos propietarios.
Balaguer, vía Bienes Nacionales y SAVICA, desarrolló bellos proyectos de viviendas en Sabana Perdida, Los Girasoles, Mata Hambre, José Contreras, El Millón y Mirador Sur. Allí viven miles de familias dominicanas.
El escándalo, fraude e irresponsabilidad de un Estado corrupto e incumplidor:
La mayoría de las familias asentadas allí, ocupantes de sus casas y apartamentos —pagados religiosamente a Bienes Nacionales y a SAVICA—, no tienen títulos. Están en el aire, motivado a que los gobiernos no pagaron a los únicos y legítimos dueños de esos valiosos terrenos urbanos.
Resaltando que hay varias sentencias ya definitivas del Tribunal Constitucional a favor de los propietarios, después de que estos, por décadas, acudieran a todas las instancias para resolver sus casos. Algunos de esos propietarios han fallecido, y sus descendientes reclaman en medio de diversas precariedades.
Debo confesar, porque soy amigo y conozco a algunos de los afectados, que administraciones pasadas y la actual, encabezada por el presidente Abinader, conocen la situación. Incluso, instruyendo buscar una salida o “bajadero”, actitudes sospechosas y subalternas, con “mareos y cantinflerismo”, han impedido resolver estos casos.
Triste realidad: corrupción, vagabundería y abusos de poder contra la República Dominicana.
Ante tanta impotencia, la gente dice: “Coño, queremos un Bukele en RD.”
Alcances de la Ley No. 344 de 1943 y sus modificaciones
Los alcances de la Ley No. 344 de 1943 y sus modificaciones, contenidas en las Leyes No. 700/1974 y No. 146/2015, regulan los procedimientos de expropiación y declaración de utilidad pública por parte del Poder Ejecutivo, cuando estos tengan como propósito la realización de obras o proyectos de interés social.
Cabe resaltar que la vigente Constitución Dominicana, en su artículo 51, consigna que el derecho de propiedad privada no es absoluto y que el Estado puede hacer uso de los bienes mediante el proceso de expropiación, siempre que se realicen pagos justos y oportunos a sus propietarios.
