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Violencia en RD: operativos preventivos no logran frenar la criminalidad

Fundación advierte fallas estructurales y exige un enfoque integral de seguridad

SANTO DOMINGO, R.D.

 La violencia en la República Dominicana continúa siendo un desafío persistente pese a los «operativos de seguridad» implementados por las autoridades, los cuales no han logrado generar los resultados esperados.

Así lo advirtió la Fundación Derechos Humanos Global, que atribuye esta situación a fallas estructurales en la gestión institucional, particularmente en el abordaje del Ministerio de Interior y Policía.

De acuerdo con la presidente de la entidad, Rebeca Henríquez, las causas de la violencia responden a un entramado complejo de factores sociales y económicos interrelacionados, entre ellos la pobreza, el desempleo juvenil, la desintegración familiar y las deficiencias en el sistema educativo.

Dijo que a esto se suman el consumo de drogas, la normalización de la violencia y debilidades institucionales como la corrupción, un sistema de justicia poco eficaz y limitaciones en la capacitación de las fuerzas de seguridad.

Pese a la ejecución de operativos de gran escala, sostiene que  los indicadores recientes muestran que no se ha logrado una reducción sostenida de la criminalidad, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo.

Informes de observatorios nacionales y organizaciones civiles señalan un incremento en delitos como robos y atracos, mientras persiste un elevado número de órdenes de arresto sin ejecutar, lo que agrava la percepción de impunidad, dice la entidad defensora de los derechos humanos.

Ante este panorama, la Fundación Derechos Humanos Global hizo un llamado a revisar de manera profunda las políticas de seguridad pública, planteando la necesidad de adoptar un enfoque integral que no solo contemple acciones represivas, sino también preventivas. En ese sentido, subraya la importancia de incorporar profesionales de salud mental, educación y trabajo social en las estrategias comunitarias.

La organización enfatizó que solo mediante una acción coordinada entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía será posible enfrentar de manera efectiva la violencia y avanzar hacia un entorno más seguro y justo para todos los dominicanos.

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