Los procesados: nombres, cargos y un proceso bajo cuestionamiento
Por Ysidro Hidalgo Rijo
A un año de la tragedia del Jet Set, el proceso judicial avanza lentamente, con la mirada pública puesta sobre los principales imputados: los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno.
Ambos fueron arrestados en junio de 2025 y posteriormente sometidos a la justicia bajo cargos de homicidio involuntario y negligencia, señalados por el Ministerio Público como responsables de no intervenir a tiempo la estructura del local, pese a múltiples advertencias sobre su deterioro.
Según el expediente acusatorio, los propietarios habrían permitido el funcionamiento del establecimiento en condiciones de riesgo, además de sobrecargar el techo con equipos pesados sin estudios técnicos, lo que agravó la falla estructural que provocó el colapso.
El Ministerio Público ha solicitado formalmente la apertura a juicio de fondo, buscando que los imputados respondan penalmente por la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.
[El caso Jet Set ha profundizado la percepción de que la justicia en República Dominicana carece de plena independencia, al mostrarse -según denuncias de víctimas y sectores sociales-excesivamente permisiva frente a los imputados, mientras avanza con lentitud y decisiones cuestionadas.
Para muchos, este proceso ha evidenciado un sistema que tiende a favorecer a los poderosos, especialmente cuando estos mantienen vínculos o cercanía con el gobierno de turno, en este caso al presidente Luis Abinader, debilitando la confianza ciudadana y dejando en entredicho la imparcialidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.]
Sin embargo, uno de los puntos más criticados por familiares de las víctimas es que los acusados no guardan prisión preventiva, sino que enfrentan el proceso en libertad bajo medidas de coerción, incluyendo garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Además de los propietarios, el caso ha abierto la puerta a posibles responsabilidades más amplias. Diversas querellas incluyen al Estado dominicano y autoridades municipales, señalados por falta de supervisión e inspección del establecimiento durante años.
Un proceso marcado por retrasos y desconfianza
El avance judicial ha estado acompañado de aplazamientos, recursos legales y disputas técnicas, lo que ha generado frustración entre las víctimas. Incluso, audiencias clave han sido pospuestas, mientras las defensas han intentado introducir nuevos peritajes y estrategias dilatorias.
En paralelo, más de 40 demandas civiles han sido interpuestas, mientras decenas de familias continúan exigiendo sanciones más severas, alegando que el caso no debe tratarse como un simple accidente, sino como un hecho de responsabilidad grave.
Aunque el Ministerio Público ha avanzado en la acusación, el proceso aún, si está cerca de una sentencia definitiva.
Para muchos, la situación resume el sentir nacional de que hay imputados, pero no hay justicia.
