El aumento de la factura eléctrica y los constantes apagones en R.D.
Por Rebeca Henríquez
Presidenta, Fundación Derechos Humanos Global
La situación energética en República Dominicana se ha tornado insostenible.
El aumento desproporcionado en las facturas eléctricas y los apagones constantes están generando una crisis que golpea directamente a los hogares, las empresas y la confianza ciudadana en las instituciones.
Una carga injusta para el pueblo
Los usuarios están pagando tarifas que, en muchos casos, se han multiplicado por cuatro respecto a años anteriores. Sin embargo, ese sacrificio económico no se refleja en un mejor servicio. Por el contrario, miles de familias siguen sumidas en la oscuridad por cortes eléctricos cada vez más frecuentes.
Esta situación constituye una violación clara a los derechos fundamentales de la población, en especial al derecho a una vida digna y al acceso a servicios básicos de calidad.
Apagones que apagan el progreso
La ineficiencia en la generación y distribución de energía ha incrementado los apagones a niveles alarmantes.
Los cortes eléctricos no solo alteran la vida cotidiana, sino que afectan la productividad empresarial, provocan pérdidas económicas y deterioran la salud emocional y física de la población.
Golpe a la economía y a la confianza
Las empresas enfrentan serias dificultades para operar, lo que se traduce en menor producción, aumento del costo de vida y pérdida de empleos. Además, la incertidumbre energética espanta la inversión nacional y extranjera, obstaculizando el desarrollo sostenible que el país tanto necesita.
Una crisis de derechos humanos
Desde la Fundación Derechos Humanos Global, expresamos nuestra profunda preocupación ante la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión del sector eléctrico.
La crisis energética no es solo un problema técnico ni administrativo: es una cuestión de derechos humanos. La electricidad es un servicio esencial que garantiza la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.
Llamado urgente a la acción
Exhortamos al Gobierno dominicano y a las empresas distribuidoras a asumir su responsabilidad con urgencia, implementando soluciones reales y sostenibles. Es imprescindible garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora inmediata del servicio eléctrico.
El pueblo dominicano merece energía estable, accesible y justa.
¡Es hora de actuar!
