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Transparencia y dignidad: El equilibrio en la entrega de ayudas sociales del Estado dominicano

 

SANTO DOMINGO, R.D.

Crece la preocupación entre organizaciones sociales y ciudadanos vulnerables por la práctica de exigir fotografías como prueba durante la entrega de ayudas alimentarias del Estado, lo que ha generado rechazo y denuncias de posible violación a la privacidad de los beneficiarios.

La defensora de derechos humanos Rebeca Henríquez advirtió que, aunque la transparencia en el uso de los recursos públicos es esencial, no puede imponerse a costa de la dignidad humana ni del respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.

“El Estado tiene la obligación de rendir cuentas y de asistir a los más necesitados, pero esa obligación no debe convertir al ciudadano en objeto de exposición pública”, afirmó Henríquez.

Entre los puntos señalados por la activista destacan:

Derecho a la imagen y privacidad. La Carta Magna protege la intimidad y la propia imagen de las personas. Fotografiar a alguien en una situación de vulnerabilidad sin su consentimiento informado podría constituir una forma de revictimización y atentado contra su dignidad.

El dilema del consentimiento. Convertir la documentación fotográfica en requisito para recibir ayuda coloca a los beneficiarios ante una elección injusta: renunciar a su privacidad o perder un recurso esencial para su subsistencia.

Necesidad de protocolos claros. Las entidades responsables de la asistencia social deben establecer mecanismos de verificación éticos y seguros, que garanticen la transparencia administrativa sin exponer la imagen de los ciudadanos ni condicionar su acceso a los programas sociales.

Henríquez subrayó que la asistencia social es un derecho, no una concesión, y que su entrega debe sustentarse en el respeto mutuo y la protección de la dignidad de las personas beneficiarias.

En momentos de creciente desigualdad y tensión social, la transparencia y la humanidad deben coexistir como principios inseparables de toda política pública orientada al bienestar común.

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