Años de alertas ignoradas: la SISALRIL también es responsable
Por Margarita de la Rosa
Durante casi cinco años, el sistema de salud dominicano estuvo recibiendo alertas continuas: denuncias de médicos, reclamos de pacientes, advertencias de centros de salud y señales inequívocas de que algo profundo y estructural estaba fallando.
Sin embargo, la SISALRIL, el organismo llamado a regular y supervisar con diligencia oportuna, permaneció prácticamente inmóvil. Su silencio, su pasividad y su tardanza permitieron que las irregularidades se profundizaran, que el daño creciera y que la corrupción encontrara terreno fértil.
No se puede hablar de sorpresa cuando, durante años, el país escuchó quejas sobre negación de coberturas, retrasos injustificados, manipulaciones administrativas y prácticas que lastimaban directamente a pacientes y profesionales de la salud. Las señales estaban ahí y las advertencias también.
Lo que no estuvo ahí fue la acción eficiente y oportuna de la SISALRIL.
Solo con la llegada de un nuevo titular a la Superintendencia de Salud, casi cinco años después de iniciadas las denuncias, el organismo regulador comenzó a mover piezas. Pero ya era tarde. Muy tarde.
Cuando el regulador interviene después de que el daño se hace evidente, después de que el escándalo es inocultable y después de que la presión social llega al límite, esa actuación tardía no puede ser presentada como diligencia: debe ser investigada como negligencia.
La SISALRIL tenía información. Tenía denuncias. Tenía atribuciones legales. Lo que no tuvo fue acción.
Y cuando un organismo regulador con poder legal para evitar abusos no actúa, también es responsable del deterioro que permitió.
Por eso, este país tiene que exigir rendición de cuentas. No solo a quienes cometieron las irregularidades dentro del sistema, sino también a quienes, teniendo la obligación de supervisar, regular y frenar a tiempo, se quedaron de brazos cruzados.
La justicia no puede limitarse a perseguir a quienes ejecutaron los hechos. Debe incluir en su investigación al organismo supervisor cuya inacción facilitó el caos.
Porque cuando un regulador llega tarde, cuando sus decisiones se activan solo tras años de denuncias ignoradas, cuando su silencio se convierte en cómplice, entonces la ley tiene que hablar.
Y tiene que hablar claro.
La SISALRIL debe responder ante la justicia. Por tardía, por omisa y por permitir, con su inacción, que el daño se multiplicara.
Un Estado serio no tolera organismos que llegan tarde.
Y un país digno no acepta que la impunidad institucional siga siendo norma.
