El CNSS y la DIDA también son responsables por su silencio cómplice
Por Margarita de la Rosa
Con relación al escándalo en SENASA, sostengo que no es solo la SISALRIL la que ha fallado. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) también deben ser interpelados por un silencio que raya en la complicidad.
La SISALRIL, como órgano regulador, tenía la obligación de preservar el equilibrio del sistema, fiscalizar, corregir desviaciones y proteger al afiliado. Sin embargo, desde hace años ha actuado más como espectadora que como garante. Esa dejadez abrió las puertas al deterioro progresivo de SENASA y del sistema en su conjunto.
Pero el problema no termina ahí.
El CNSS, máximo órgano de decisión del sistema, ha optado por la comodidad del mutismo. Ha sido incapaz, o poco dispuesto, a asumir su rol estratégico, a exigir cuentas, a transparentar decisiones y a defender el interés colectivo frente a intereses particulares que claramente se han impuesto.
Y resulta aún más grave el caso de la DIDA, una institución creada precisamente para defender al afiliado, para alzar la voz cuando se violan derechos, para acompañar a los ciudadanos frente a los abusos de las ARS y del propio sistema. Su silencio frente a las múltiples denuncias, retrasos, negaciones de cobertura y atropellos a pacientes —muchos de ellos con enfermedades catastróficas— es sencillamente inaceptable.
Cuando tres órganos clave callan al mismo tiempo, el daño no es administrativo: es humano. Se traduce en tratamientos interrumpidos, medicamentos impagables, angustia, endeudamiento y vidas puestas en riesgo. El silencio institucional, en estos casos, no es neutral: es una forma de violencia.
Por eso, este no es un reclamo personal ni coyuntural. Es un llamado público a que la SISALRIL, el CNSS y la DIDA respondan, expliquen, asuman responsabilidades y actúen. El sistema de seguridad social no puede seguir funcionando como una caja negra, desconectada del sufrimiento real de la gente.
La credibilidad del sistema está en juego.
Y cuando la institucionalidad falla, la ciudadanía tiene el deber de hablar, de señalar, de exigir. Callar, en este contexto, sería aceptar que la salud siga siendo rehén de la indiferencia y del poder mal ejercido.
