Juez dará a conocer este domingo, a las 6:00 p. m., decisión sobre medida de coerción en caso Senasa
DISTRITO NACIONAL, R. D.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre la solicitud de medidas de coerción contra los implicados en el denominado caso Senasa.
El magistrado hizo el anuncio tras más de 12 horas de audiencia, en la que los representantes del Ministerio Público, encabezados por los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, concluyeron su exposición insistiendo en la imposición de prisión preventiva para los imputados.
Por su parte, los abogados de la defensa tuvieron la oportunidad de responder a las acusaciones formuladas por el órgano acusador.
Hasta el momento, son diez los acusados: el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim; el empresario Eduardo Read Estrella; Rafael Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El grupo es acusado de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros delitos.
Durante el desarrollo de la audiencia, el principal imputado, Santiago Hazim, rompió en llanto al referirse a la delicada condición de salud que padece, según explicó su defensa a la salida del tribunal.
Previamente, la columna ¡Cógelo, Picante!, de RI, había revelado que desde el Palacio Nacional se estarían ejerciendo presiones para que a Hazim no se le imponga prisión preventiva, sino arresto domiciliario.
Hazim fue el coordinador del sector externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la campaña electoral que culminó con la reelección del presidente Luis Abinader.
Desde la oposición —sector que destapó el escándalo de corrupción en Senasa— se ha denunciado que, según el Ministerio Público, se trata del caso de corrupción más grande investigado hasta ahora, y que parte de los recursos sustraídos al Estado dominicano habrían sido utilizados en la campaña electoral.
Cuando la Fuerza del Pueblo, principal partido de oposición, denunció inicialmente las irregularidades en Senasa, tanto el presidente Luis Abinader como la vicepresidenta Raquel Peña lo negaron. Sin embargo, ante las evidencias presentadas, el Gobierno terminó admitiendo la existencia del escándalo y anunció que había una investigación en curso.
