Por Augusto Álvarez

Queremos creer que el presidente Luis Abinader evalúa con rigor la trayectoria y capacidad de cada funcionario que designa.

Que exige transparencia, lealtad institucional y reportes claros sobre riesgos y crisis.

La pregunta es inevitable: ¿está plenamente informado el Ejecutivo sobre la situación de la presa de Hatillo?

Denuncias reiteradas advierten sobre contaminación y alteraciones visibles en sus aguas. Comunidades cercanas expresan preocupación. Y cuando el agua preocupa, el silencio inquieta más.

El Ministerio de Medio Ambiente no puede limitarse a comunicados técnicos tibios mientras crece la percepción de inacción. Si existen presiones, deben enfrentarse. Si hay intereses económicos en juego, la ley debe imponerse.

Gobernar no es evitar conflictos; es asumirlos.

A esto se suman quejas sobre servicios públicos, la crisis eléctrica reciente y ahora las interrogantes ambientales. El ciudadano común observa, compara y saca conclusiones.

El historial de varias gestiones en Medio Ambiente —salvo excepciones— deja más preguntas que logros visibles. Incluso se han denunciado intervenciones en áreas protegidas que requieren explicaciones claras.

El país no necesita excusas técnicas. Necesita resultados.

Porque la energía que se apaga, el agua que se contamina y las instituciones que titubean terminan pasando factura política.

Y la paciencia ciudadana no es infinita.