Organizaciones de Manzanillo crean frente común en defensa ambiental, socioproductiva y territorial

Por Frank Valenzuela

MANZANILLO, Montecristi, R.D.

Más de 17 organizaciones territoriales del municipio de Pepillo Salcedo anunciaron la constitución del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo, una instancia unificada de representación ante los impactos acumulativos asociados al proyecto Manzanillo Bay Energy, financiado por un consorcio de empresas globales y bancos multilaterales.

En ese marco, el Consejo sostuvo este lunes una reunión institucional virtual con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, solicitando una revisión estructural ante lo que consideran insuficiencias en la respuesta territorial.

El MICI es la instancia de rendición de cuentas del Grupo BID encargada de evaluar, de manera independiente, el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales en los proyectos financiados por la entidad. La decisión de escalar el caso desde el Mecanismo de Gestión de Quejas (MGM) hacia el MICI se produjo tras tres reuniones virtuales celebradas en diciembre con representantes del MGM, en las que se expusieron los planteamientos territoriales y el carácter acumulativo de los impactos en el municipio.

Al no evidenciarse —según el Consejo— una respuesta estructural proporcional a la magnitud del fenómeno ni avances hacia un instrumento integral de resarcimiento, se decidió cerrar esa etapa de diálogo y activar el mecanismo independiente, en busca de una revisión técnica bajo criterios de territorialidad, acumulación y proporcionalidad.

I. Constitución del Consejo y objetivo territorial integral

Frank Valenzuela, coordinador de la entidad, explicó que el Consejo surge como resultado de un proceso de articulación entre los bloques ambiental, productivo, social, institucional, de gobernanza, patrimonio y conectividad, consolidando así una estructura integral de representación municipal.

Forman parte de esta articulación asociaciones de pescadores, apicultores y ecoturismo, así como el Clúster Turístico (bloques ambiental y productivo); iglesias católica, misionera y adventista (bloque social); la Sala Capitular del Ayuntamiento (bloque institucional y de gobernanza); sindicatos portuarios, de transporte y motoconcho (bloque de conectividad); la filial municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP); la Federación de Juntas de Vecinos; la Unión para el Desarrollo de Copey; el Consejo para el Desarrollo de Manzanillo (COPADEMA); y el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), entre otras organizaciones territoriales.

Durante la asamblea constitutiva fueron designados por consenso:

• Frank Valenzuela, coordinador general;

• Hicial Blanco, vicepresidente;

• Rosa Inés Carrasco, secretaria;

• Rosario Cabreja, tesorera;

• Giobanny Felipe Valdez, representante de la Unión para el Desarrollo de Copey;

• Kelvin González, representante del bloque productivo;

• Helvio Bejarán, asesor estratégico.

La dirección tiene como mandato conducir el proceso bajo una visión territorial integral y representar de manera unificada al municipio ante instancias nacionales e internacionales.

Las organizaciones integrantes han participado históricamente en la construcción de espacios de concertación para el desarrollo sostenible municipal, incluyendo el Consejo de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Maestro de Manzanillo, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y la línea base del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

Desde esa trayectoria, el Consejo reafirma su respaldo al desarrollo portuario y energético, pero subraya que los efectos del proyecto no pueden analizarse de forma fragmentada, ya que su naturaleza es territorial y acumulativa. Por ello, consideran que el espacio institucional abierto con el MICI constituye el marco técnico adecuado para una evaluación estructural y proporcional.

II. Brecha estructural e impactos acumulativos

El Consejo sostiene que el caso no constituye un problema aislado de medios de vida, sino un proceso de transformación territorial acumulativa que involucra dimensiones ambientales, productivas, sociales, institucionales y de conectividad.

Con una inversión estimada en 1,700 millones de dólares, argumentan que la respuesta debe ser proporcional a la magnitud del impacto. Señalan que persiste una brecha entre lo consignado en los estudios técnicos y la realidad acumulativa observable en el territorio.

Entre los principales efectos identificados se encuentran:

• Incidencia en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa.

• Impacto en el circuito funcional del sitio Ramsar “Humedales de Montecristi y la Línea Noroeste”.

• Transformaciones en el frente marino.

• Presión sobre servicios municipales e infraestructura sanitaria.

• Incremento del tránsito pesado.

• Sobrecarga en la gestión de residuos sólidos, en un vertedero municipal no estructuralmente preparado para mayor demanda.

A juicio del Consejo, abordar estas situaciones mediante conversaciones sectoriales independientes no responde a la naturaleza acumulativa del fenómeno, que requiere una lectura integral bajo una sola instancia representativa del municipio.

III. Responsabilidad social global y propuesta de Fondo Territorial

La magnitud de la inversión y la fragilidad ecológica de Manzanillo —vinculada a ecosistemas estratégicos del circuito Ramsar— imponen, según el Consejo, estándares internacionales de responsabilidad social empresarial.

El resarcimiento, afirman, no debe limitarse a compensaciones sectoriales aisladas, sino estructurarse bajo un enfoque integral que abarque los bloques ambiental, productivo, social, institucional y territorial, incluyendo la situación crítica de la comunidad de Villa Raif como punto sensible del impacto acumulativo.

En ese sentido, proponen la creación de un Fondo Territorial de Resarcimiento Socioambiental y Productivo, proporcional a la escala de la inversión y a la magnitud de los impactos, como mecanismo de articulación entre desarrollo global y equilibrio territorial local.

“El desarrollo debe incluir un resarcimiento justo para nuestras comunidades”, expresó Frank Valenzuela en nombre del Consejo, reiterando que Pepillo Salcedo apuesta al desarrollo, pero exige responsabilidad proporcional, integralidad territorial y coherencia estructural.

IV. Reunión con el MICI y solicitud de revisión independiente

Durante la reunión con el MICI, el Consejo reiteró que su planteamiento no busca confrontación ni paralización del proyecto, sino una revisión técnica bajo los estándares de debida diligencia ambiental y social del Grupo BID.

Helvio Bejarán expuso la incidencia en la zona de amortiguamiento, el circuito Ramsar y el frente marino, subrayando el carácter acumulativo de los impactos. Representantes de los sectores apícola, pesquero y ecoturístico detallaron afectaciones en polinización, producción, dinámica operativa y sostenibilidad económica. Desde la dimensión institucional, la Sala Capitular destacó la presión creciente sobre los servicios públicos, la infraestructura sanitaria y la gestión de residuos sólidos.

El Consejo reiteró ante el MICI la solicitud de una revisión independiente con enfoque acumulativo y análisis de proporcionalidad, así como la identificación de un instrumento territorial integral que incluya el Fondo Territorial de Resarcimiento, bajo un enfoque institucional y constructivo orientado a garantizar coherencia entre inversión global y sostenibilidad local.