SANTO DOMINGO, R.D. 

Diversos gremios e instituciones periodísticas de la República Dominicana manifestaron su rechazo a la decisión de la jueza presidenta del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, quien impuso medidas cautelares contra los comunicadores Nelson Gutiérrez y Joan René Santana (El Francotirador), en el marco de una querella por presunta difamación e injuria interpuesta por el mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta, exdirector de la Policía Nacional.

La protesta se realizó este martes en la noche frente a la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), donde periodistas encendieron velas, portaron pancartas y se colocaron cinta negra en la boca como símbolo de censura.

Los participantes calificaron la resolución como una extralimitación, abuso de poder e intolerancia, denunciando que atenta contra principios fundamentales de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país.

Dirigentes de organizaciones como el CDP, IPPP, SNTP, Movimiento Marcelino Vega y otras entidades advirtieron que no tolerarán lo que consideran atropellos contra la prensa, y aseguraron que estas acciones forman parte de un plan de respaldo al periodista Nelson Gutiérrez.

Entre los voceros estuvieron Luís Pérez, Gabriel Cruz, Luis Ney Romero y representantes de gremios de reporteros gráficos y comunicadores.

[Relámpago Informativo exige a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, poner en marcha de manera inmediata una investigación exhaustiva sobre la denuncia-querella depositada por el periodista Nelson Gutiérrez, en la que se señalan presuntas irregularidades durante la gestión del mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta al frente de la DIGESETT.

Este medio consideró que la gravedad de los hechos denunciados, sustentados en una auditoría interna, amerita una respuesta firme del Ministerio Público para garantizar transparencia, rendición de cuentas y respeto al debido proceso.

Asimismo, RI insta al presidente Luis Abinader a ordenar una auditoría integral a la gestión de Guzmán Peralta al frente de la Policía Nacional, como muestra clara de su compromiso con la lucha contra la corrupción.

Si realmente existe voluntad política de enfrentar la impunidad, este caso debe investigarse a profundidad y sin privilegios, enviando un mensaje contundente a la sociedad de que ninguna figura pública está por encima de la ley.]

Los gremios cuestionaron las medidas impuestas: garantía económica de RD$500,000, presentación periódica e impedimento de salida contra Gutiérrez, y presentación periódica para Santana. Calificaron de arbitraria y abusiva la decisión, especialmente el hecho de que Gutiérrez tuviera que pagar para salir de arresto preventivo sin haberse leído aún la sentencia.

El caso surge luego de que Gutiérrez hiciera pública una auditoría interna de la Policía Nacional que, según afirma, evidencia irregularidades durante la gestión de Guzmán Peralta al frente de la DIGESETT, incluyendo un presunto desfalco de más de RD$421 millones. El periodista aseguró que dicha auditoría —identificada como memorándum 8821— también involucra a colaboradores cercanos del exfuncionario.

Gutiérrez indicó que entregó copia del informe al presidente Luis Abinader, así como a la Procuraduría General de la República, a través de Wilson Camacho, y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por Mirna Ortiz.

Los gremios anunciaron que apelarán la decisión judicial una vez sea notificada formalmente, con el objetivo de revertir lo que consideran una actuación indebida del tribunal. Asimismo, reiteraron que continuarán las acciones de apoyo al periodista, en defensa de la libertad de prensa en el país.