Derechos Humanos Global denuncia retenciones arbitrarias de vehículos y motos
Somete acción de amparo colectivo ante el Tribunal Constitucional contra Policía y DIGESETT
SANTO DOMINGO, R.D.
La Fundación Derechos Humanos Global, presidida por Rebeca Henríquez, anunció el sometimiento de una acción constitucional de amparo colectivo ante el Tribunal Constitucional, en respuesta a lo que califica como una práctica sistemática de violaciones a derechos fundamentales por parte de agentes de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Según informó la presidenta de la entidad, la acción legal busca detener de manera inmediata las retenciones arbitrarias de vehículos y motocicletas, así como las detenciones que –afirma- se realizan fuera del marco establecido por la Constitución y la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
Henríquez explicó que estas prácticas afectan directamente derechos esenciales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la propiedad, la libertad de tránsito, el debido proceso y el derecho al trabajo, particularmente en el caso de miles de motociclistas que dependen de sus vehículos como principal fuente de ingresos.
“La retención de vehículos sin base legal no solo representa un abuso de autoridad, sino que también constituye una medida coercitiva que impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables”, expresó.
La Fundación Derechos Humanos Global sostiene que muchos de estos operativos se realizan sin permitir al ciudadano ejercer su derecho a la defensa, lo que, a su juicio, vulnera garantías constitucionales básicas.
En ese sentido, la organización solicita al Tribunal Constitucional ordenar el cese inmediato de estas prácticas, la devolución sin costo de los vehículos retenidos ilegalmente y la imposición de sanciones económicas diarias a las instituciones en caso de incumplimiento de una eventual sentencia favorable.
La acción ha generado atención en distintos sectores sociales y jurídicos, donde crece el debate sobre los límites de los operativos de tránsito y el respeto a los derechos fundamentales en la República Dominicana.
La Fundación reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y aseguró que continuará utilizando las vías legales para garantizar el respeto a la dignidad y libertades de todos los ciudadanos.
