¡Sí, fue cierto! Hubo un asalto en hospital de Santo Domingo Oeste

Buenos días…

Ciertamente, ocurrió. No fue ningún montaje. El asalto en el Hospital Marcelino Vélez se produjo ayer martes en horas de la mañana. El protagonista: un delincuente que se hizo pasar por paciente y entró en acción.

Entre pacientes y seguridad, pronto lo redujeron y lo entregaron a las autoridades. Punto. Esto no se puede negar, y así anda la seguridad en el país. Ni los hospitales se salvan.

Y mientras el desastre hospitalario continúa… el presidente no hace cambios. Los que el país exige en la Policía Nacional —limpiar la institución de corrupción y colocar al frente a un oficial capaz, íntegro y profesional— brillan por su ausencia. ¡Que esté limpia! Eso es lo único que puede sacar a la Policía del atolladero y salvar la supuesta “reforma”.

Ese hospital está en Herrera, Santo Domingo Oeste, una zona marcada por inseguridad, apagones y escasez de agua potable. ¡Ojo, presidente Luis Abinader!

Hasta ahora, en la matanza de La Barranquita, no están todos los que son. Faltan los que ordenaron la operación, desde Santo Domingo a Santiago, pasando por encima del director de la DICRIM.

Hace una semana publicamos que participaron dos mayores, uno de Santo Domingo y otro de Santiago. Ahí está el detalle.

Ahora el Ministerio Público lo confirmó. En esa ocasión no revelamos los nombres para no entorpecer la investigación. Se trataba del mayor Álvaro Paredes Paniagua, jefe de los escuchas de la DICRIM, y el mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, jefe de Operaciones de la DICRIM en Santiago.

También participaron dos tenientes, uno de ellos Vargas. El otro trabaja con un artista amigo del director de la Policía. Ambos reintegrados. Y ese otro, el Ministerio Público lo quiere sacar del pelotón de ejecutores. Y es un reintegrado. Cancelado por un lío de droga, donde tumbaron a un informante de la DEA, que iba a participar en una operación, supervisada por la DEA. Y tenemos más datos. Y todo esto debe ser investigado.

El general Matos Pérez, jefe de la DICRIM, debe ser sancionado por negligencia, pues nos cuentan que se enteró del hecho después de las ejecuciones. Y los principales protagonistas ejecutores, son hombres, bajo su mando.

Yeni Berenice Reynoso, ¿quién dio la orden? ¿Quién puso al director de Comunicación de la Policía, Diego Pesqueira, a difundir mentiras diciendo que los ejecutados pertenecían a una red de narcotráfico y secuestro? ¡Embusteros! Todo para ocultar la verdad y tapar el sol con un dedo.

Y eso no se hizo por iniciativa del mayor Paredes Paniagua. Nadie, absolutamente nadie, podría mandar a ejecutar esa operación pasándole por encima al general Matos Pérez, salvo que fuera el propio director de la Policía o el presidente de la República. Y la orden fue, no dejar evidencias. Ahora bien. Ojo con el director de la Policía de Santiago, no está libre de pecado, y nadie le va a pasar por encima. Lo quieren salvar, y es el principal responsable de la ejecución, pues el hecho ocurrió en su territorio. Y si él no sabía de la operación, debe ser puesto en retiro por incompetente, que realmente lo es.

Y eso del SENASA… será peor. Mucho “black, black, black” y no pasará nada. Seguro habrá negociaciones a escondidas.

El anteproyecto de ley policial es un mamotreto jurídico, inconstitucional y que no aporta nada a la lucha contra la inseguridad que se ha disparado durante el gobierno de Abinader, y especialmente bajo la gestión  Guzmán Peralta. Elimina derechos adquiridos de los policías y apunta a la destrucción de la institución. Además, huele a “colombiano”. En la lucha contra la delincuencia, somos diferentes.  Y eso es un principio de las las leyes en el tiempo y en el espacio.