¡Sí, magistrado Camacho, fue una ejecución! Pero… ¿quién dio la orden?

Es cierto, muy cierto, lo que afirma la Procuraduría General de la República, a través de Wilson Camacho: la muerte de los cinco ciudadanos en una plaza del sector La Barranquita, en Santiago, a manos de once agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dicrim, fue una ejecución extrajudicial.

Sí, señor Camacho, eso nadie lo duda. Pero la pregunta es: ¿quién la ordenó? Porque si esa Procuraduría no determina de dónde salió la orden, entonces esa investigación nace coja, muerta y sin dientes.

Ese tipo de “operativo” no se hace por inspiración divina. Detrás de cada ejecución hay un alto mando, una línea, una voz de poder.

Y se comenta -fuerte y claro- que al director de la Dicrim, general Matos Pérez, le pasaron por encima, que se enteró cuando ya la masacre estaba consumado. Si eso es verdad, ¿entonces quién movió los hilos? Pero, además, de ser confirmada esta versión, se debe decir públicamente ¿quién fue ese turpén?

Aquí no todos somos pendejos para tragarnos ese cuento barato.

Lo mismo pasó con el robo de municiones dentro de la Policía, esas que se vendían en Haití a las pandillas. Hasta hoy, nadie ha identificado a los jefes de esa red criminal, protegida bajo la gestión del mayor general Guzmán Peralta, que es responsable de esa situación por ser jefe de la Policía.

¿Y recuerden la ejecución de los dos marinos y el agente de la DNCD? Presos, esposados… y luego llegó la orden de “resuelvan”. Resultado: fusilados. Y eso también ocurrió bajo la jefatura de Guzmán Peralta.

Entonces, si no fue Matos Pérez quien dio la orden para la matanza de La Barranquita… fue un superior.

Y tanto ese superior como Matos Pérez deben ser procesados: uno por criminal, el otro por negligente.

A menos —y ojalá no sea así— que el general regional de Santiago, Reynoso Jiménez, haya sido el que mandó a “ejecutar y no dejar evidencia”. Difícil de creer, pero igual, debe responder, porque esa matanza ocurrió bajo su mando, en su territorio, donde él es “ley, batuta y constitución”.

Así que, magistrado Camacho, no se equivoque de blanco. Apunte bien. Porque todo crimen tiene autores materiales e intelectuales, y los de arriba son los que más pesan.

Y si eso no se toca, quedará demostrado una vez más que bajo la gestión de Yeni Berenice Reynoso, con el PRM y Luis Abinader, la soga sigue rompiéndose por el lado más débil, y las investigaciones, por tanto, quedan cojas, chuecas y sin justicia.

Señores, hasta que el presidente no reaccione y sacuda de raíz la Policía Nacional, tendremos que seguir dando por buenas y válidas todas las denuncias que, cada día con más fuerza, se formulan públicamente contra el jefe de esa institución… que jamás había sido tan mal dirigida como hoy.

¡Y no lo decimos nosotros! En las redes circula un video de un comunicador que califica al director de la Policía, Guzmán Peralta, como un “inservible”, y créanme, eso debería llenar de vergüenza, no solo a los mandos policiales, sino también a la ciudadanía decente de este país. ¿Y el presidente? Callado. Inmóvil. Sin reacción.

Y lo peor es que el comunicador no mintió. En la dotación policial del ensanche Ozama casi nunca hay internet para recibir denuncias. ¡Ni eso! ¿Y la tan cacareada reforma policial? ¿Dónde está?

Pero esa situación, aunque no por falta de internet, también ocurre en los destacamentos de Villa Duarte y sectores adyacentes, donde opera un capitán de nombre Daniel Encarnación, quien -—según múltiples denuncias- ordena a su personal no recibir denuncias de robos, asaltos o despojos. El descarado alega que “no va a dañar sus estadísticas” y manda a las víctimas directo a la Fiscalía.

¿Resultado? Un cuadro de impunidad maquillada, mientras las autoridades se llenan la boca diciendo que los hechos delictivos “han disminuido”. ¿Y quién es el jefe de la Dicrim en Santo Domingo Este? Porque si eso pasa con su aval, deberían ponerlo en la lista de los relevos urgentes. Por eso decimos, sin miedo a equivocarnos, que las estadísticas policiales están más maquilladas que un diablo cojuelo el 27 de febrero.

Vamos con los hechos, que hablan solos. Tres denuncias, todas en los últimos días, y todas vergonzosas.

Caso uno:

Una joven compra un celular sin saber que era robado. Cuando la Policía se lo comunica, ella hace lo correcto: lo entrega. ¿Y qué hacen los agentes? La detienen, la esposan y la extorsionan con 30 mil pesos en el destacamento de Verón, Punta Cana. Sí, leyó bien: extorsionada por la Policía.

Caso dos:

En esa misma zona del Este, una dama es “asaltada” por uniformados. La víctima reacciona, denuncia, y en el apresamiento de uno de los implicados le encuentran encima 200 papeletas de 2 mil pesos. Un botín completo. ¿Y la reforma? ¡Bien, gracias!

Caso tres:

Supuestos agentes de la Dicrim detienen a un individuo con 57 kilos de “harina blanca” y, en lugar de proceder conforme a la ley, le roban las prendas. Sí, supuestos “investigadores” convertidos en delincuentes uniformados.

Señores, esto es el colapso moral de una institución que debería protegernos.
El país se hunde en una ola de inseguridad y desprestigio policial sin precedentes. Y todavía hay quienes hablan de “reforma”. ¡Por favor!

La solución existe, pero depende de una sola persona: el presidente Luis Abinader.
Si no actúa ahora, si no limpia esa institución de arriba abajo, no solo sufrirá el peso de la derrota política, sino que saldrá del poder como otros: sin liderazgo, sin autoridad moral y con la cabeza baja… incapaz de mirar al pueblo que alguna vez confió en él.

Debemos reconocer que el presidente Luis Abinader ha hecho esfuerzos significativos por transformar la Policía Nacional, invirtiendo recursos importantes para recuperar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto socavados por altos mandos policiales y ciertos políticos, quienes insistieron en que se nombrara a Guzmán Peralta y a otros oficiales en puestos estratégicos, pese a estar señalados por actos dolosos y corrupción. Y ahí ha estado su fracaso.

Y no se trata de simples rumores: las auditorías internas de la Policía evidencian estas irregularidades, dejando claro que, en ocasiones, la cadena de mando ha traicionado la confianza de la institución y del Estado. En consecuencia, también ha afectado directamente al presidente Luis Abinader, quien —dicho sea de paso— falló al no actuar a tiempo, convirtiéndose, por omisión, en cómplice de estas desgracias.

Presidente, no se sienta abrumado por la matanza de La Barranquita… Ese vergonzoso caso caerá sobre su hombro, so gobierno y su partido, el PRM.