Guzmán Peralta ya es un director de la PN en condición ilegal y sus actos son anulables
¡Cógelo, Picante! Su permanencia al frente de la Policía Nacional viola la Ley 590-16, y cualquier decisión tomada bajo esa condición podría ser recurrida, tal como establecen la Constitución y la Ley 107-13.

Buenos días…
A nuestros críticos: no rechazamos críticas; al contrario, nos fortalecen. Y en este espacio, el derecho a réplica jamás será negado. Eso es sagrado.
Ahora bien, dejemos algo claro —y pueden confirmarlo con los mejores investigadores de esta bolita del mundo—: cuando hay una investigación en curso, nadie debe andar emitiendo juicios de valor, descartando escenarios o adelantando conclusiones.
Quien hace eso, o está nervioso, o quiere ocultar algo, o anda tratando de preparar a la sociedad para justificar, más adelante, la versión que mejor le convenga. Si no es así… desmiéntannos.
Nosotros no nos inventamos nada. Decimos las cosas como son, sin maquillaje ni disfraces. Porque la realidad no se oculta… y los ciudadanos no son pendejos.
Y adelantamos algo —aunque a muchos no les guste—: será muy difícil que se conozca toda la verdad sobre el histórico apagón del 11 de noviembre de 2025.
Un apagón color azul, que no solo golpea la imagen del ya deteriorado PRM, sino también la del propio presidente Luis Abinader.
Un blackout que tiene cocorícamo, que huele raro… y que muchos quisieran despachar con explicaciones prefabricadas.
Ojalá que la investigación no termine siendo una historieta oficial, escrita para tranquilizar a unos y proteger a otros. Ojalá aparezca la justicia. Si es que aparece.
En lo más mínimo nos preocupa la presencia masiva de tropas y embarcaciones de Estados Unidos en el Caribe… siempre y cuando su misión sea combatir el crimen organizado y el narcotráfico que están destruyendo medio planeta. No para intervenir en asuntos soberanos de las naciones.
Ojalá el presidente Donald Trump ordene colocar un buque antinarcótico frente a las costas este y sur de la República Dominicana, y que intervenga la frontera dominico-haitiana para frenar el desorden, la corrupción y el uso del país como puente del narcotráfico.
La criminalidad, no solo afecta la imagen de la República Dominicana, sino, de todos los dominicanos. Y esto no puede seguir siendo así. Pues, ya es hora de que los criminales y los corruptos, y sus cómplices, ocupen su espacio. ¡Adelante, presidente Trump!
Estamos totalmente de acuerdo con todas las operaciones antinarcóticos y anticorrupción. Y más aún: que no solo extraditen a los capos, sino también a sus cómplices, incluyendo los políticos y funcionarios que se arrodillan ante el dinero sucio para comprar elecciones y engordar fortunas.
No importa el cargo, el apellido ni el país donde operen esos turpenes.
Por eso respaldamos lo dicho por el mayor general retirado y abogado, Frener Bello Arias, quien afirmó: “A nivel mundial, a los narcotraficantes, corruptos y perversos han tenido que extraditarlos para conseguir su confesión, porque sus quejas en sus países no tienen credibilidad. Por eso las autoridades corruptas se aprovechan de ellos.”
Y Bello Arias fue más lejos todavía cuando escribió: “Un funcionario, político, legislador, militar, policía o fiscal corrupto es peor que cualquier delincuente imaginable. Mientras esa clase de alimañas se exhiban por las calles y en los medios, y la población no los rechace, seguiremos condenados a la cultura ALOFOKIANA.”
El que al que le pique… que se rasque. Esa es la verdad. Y en parte, la sociedad es la culpable, porque en las elecciones, los más votados casi siempre son corruptos y vinculados al narcotráfico. Busquen los resultados del pasado… ahí están los detalles. Y ejemplo de ellos: Miguel Gutiérrez en Santiago, quien resultó el más votado y meses después, apresado por narcotráfico, confeso y condenado. Sea usted el jurado. No más palabras, magistrado.
Nos gustó el debate entre dos veteranos generales retirados de la Policía Nacional. Uno de ellos, Valentín Rosado Vicioso, sostiene que limitar a dos años el período máximo de un Director de la PN es ponerle una “camisa de fuerza” al Presidente. El otro, Miguel A. Ventura de León, recuerda que las leyes orgánicas —especialmente en cuerpos armados y policiales— están diseñadas para limitar, ordenar y estructurar la autoridad, evitando personalismos y fortaleciendo el control civil democrático.
El debate es muy interesante, y nosotros nos quedamos con Ventura de León: el poder del Presidente tiene que estar limitado, y quien aprueba las leyes es el Legislativo, primer Poder del Estado. No vivimos en un régimen de fuerza ni en una dictadura. Por tanto, el Presidente —en este caso Luis Abinader— debe cumplir con los preceptos que establece la ley, porque la ley es dura, pero es la ley. Mala o buena, debe cumplirse.
Además, en el pasado esta misma norma se aplicó y Rosado Vicioso no protestó. Entonces, ¿por qué ahora salir a defender lo indefendible?
Peor aún, en esta gestión, la llamada “reforma policial” ha sido un fiasco rotundo, y si usted quiere, general, las evidencias sobran y se las presentamos cuando guste. Aquí no se trata de defender puestos, sino de defender instituciones. Y la ley, le duela a quien le duela, no tiene excepciones personalizadas. Y si usted quiere, general, dejamos el debate abierto y se lo probamos con hechos.
¡Atención, ciudadanos! Lo que está ocurriendo en la Policía Nacional no es un simple detalle administrativo, todas las decisiones firmadas por Guzmán Peralta, desde el viernes 14, son jurídicamente nulas, porque desde ese día dejó de ser Director General de la PN, conforme al artículo 23 de la Ley 590-16, que establece un período máximo de dos años.
Cumplido ese plazo, no existe prórroga, no existe extensión, no existe confirmación automática. El cargo se agota por efecto de la ley, y el oficial queda automáticamente en situación de retiro.
¿Duda alguien? Entonces vaya a la Constitución: artículos 6, 73 y 148. Ahí está claro: ninguna autoridad puede colocarse por encima de la ley; todo acto contrario al ordenamiento jurídico es nulo; y toda responsabilidad recae sobre quien la viola.
Y por si fuera poco, revise la Ley 107-13, artículos 14, 57 y 58, sobre derechos de las personas frente a la administración. El marco legal es tajante.
Por tanto, cualquier ciudadano afectado por una decisión dictada por Guzmán Peralta, en condición irregular, puede acudir al Tribunal Superior Administrativo, mediante un recurso de declaración de lesividad, tal como lo prevén los artículos 45 y siguientes de la Ley 107-13.
Que no vengan después con cuentos. Aquí la ley habló… y cuando la ley habla, todos —absolutamente todos— tienen que obedecer. Amenos que no estemos transitando en un régimen de fuerza, en una dictadura, y hasta donde sabemos, el presidente Abinade es un hombre democrático.
Y como recordar es vivir, presidente Abinader, usted prometió cero corrupción, cero impunidad y enfrentar la inseguridad y la delincuencia.
Por tanto, el sustituto de Guzmán Peralta debe ser un general con principios, que no huela a corrupción, ni a cosas raras, sin manchas, con carácter y con capacidad.
Nada de complacencias familiares, ni recomendaciones de funcionarios, ni “compromisos” políticos. Perfil en mano, Presidente… y designación correcta.
¡Ojo! Señora Embajadora. Llegó la hora de acabar con la delincuencia, venga de donde venga. La política del presidente Trump es correcta y estamos en el ojo del huracán.



